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QUé NOS HA PASADO, ESPAñA

Fernando Ónega

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Fragmento

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15-J, el día de la ilusión

Huelgas, crisis y final del baby boom. Sables, etarras y el cura de Bandeira. Ni Pablo Iglesias, ni Íñigo Errejón, ni Albert Rivera habían nacido. El día que se alumbró el bipartidismo. Sorpresa: no había tantos comunistas.

Aquel año 1977 fue un mal año económico. Fue también un año de gran conflictividad laboral: se perdieron 180 millones de horas en huelgas, frente a las diez millones que no se trabajaron en el año 2015. Esos mismos conflictos formaban parte de la reclamación social de libertad y democracia. Incluso con perspectiva histórica, es muy difícil distinguir dónde empezaban las reclamaciones laborales y dónde las políticas.

Pero fue un año emocionante. Los españoles que se jubilan cuando se publican estas páginas cumplían entonces veinticinco años de edad. La inmensa mayoría de los varones había hecho recientemente el Servicio Militar. La inmensa mayoría de las mujeres de la misma edad ya se habían casado, si es cierta la estadística que señala que ese año la media de edad del matrimonio de la mujer rondaba los 20-25 años. Las mismas estadísticas dicen también que ese año marca el punto final del baby boom que se había iniciado veinte años antes, con el desarrollismo de 1957, y que nos dejó catorce millones de niños y niñas. A partir de 1977 se produjo un desplome de los índices de natalidad.

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Los que éramos jóvenes por entonces nos habíamos divertido con el guateque, toda una institución de la época. Vestíamos pantalones de campana, los más progres lucían barba o melena, y las chicas empezaban a atreverse con la minifalda. En el cine vimos aquel año la primera Guerra de las Galaxias y Fiebre del sábado noche. En la televisión la serie Mazinger Z disfrutaba de gran éxito y veíamos con frecuencia a Raffaella Carrá. Ya no era preciso viajar a Perpiñán para conocer El último tango en París y exagerar sus imágenes ante los amigos, porque se suprimió la censura cinematográfica. Los héroes deportivos eran Ángel Nieto y Severiano Ballesteros. Y el salario mínimo correspondía a 13.200 pesetas, algo menos de noventa euros.

Se trataba de una sociedad que iniciaba una nueva moral, que había descubierto el desnudo de los cuerpos en las playas y en las revistas, que probaba el sabor de la libertad en todos los órdenes de la vida y que inauguraba un cambio que el «Comentario Sociológico-Estructura Social de España» de la Confederación de Cajas de Ahorro calificaba como «crisis de los valores burgueses». A juicio de los autores de ese estudio, se trataba de un momento en que «lo que valía ha dejado de valer», y se estaba produciendo «un relevo del universo cultural», de las pautas y valores vigentes hasta entonces.

Y una de esas cosas que había «dejado de valer» era la política. Aquel 1977 comenzó con la apertura de la puerta de la reforma, que fue como si se abriera la Puerta Santa del que podríamos llamar «Año jubilar de la democracia española»: el día 5 de enero el Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley de Reforma Política que había sido aprobada por las Cortes todavía franquistas en lo que se conoce como el «harakiri del franquismo» y en el referéndum celebrado el 15 de diciembre anterior, con un «sí» del 94,17 por ciento de los votos.

A partir de esa ley comenzó una carrera trepidante hacia la democracia que tendría su punto culminante en las elecciones generales del 15 de junio. Fue precisamente el año en que la política y la sociedad española rompieron el corsé que las aprisionaba y casi todos los nudos que las ligaban al pasado, desmintiendo aquello de que Franco lo dejaba «todo atado y bien atado». Desatarlo ha sido una obra de artesanía efectuada en tres talleres: el Palacio de La Zarzuela, donde el rey Juan Carlos ejercía su papel de motor del cambio; el Palacio de La Moncloa, donde Adolfo Suárez actuaba como gran ejecutor, y el Palacio de las Cortes, donde Torcuato Fernández-Miranda había acuñado la frase que sería la clave de la actuación para contener los extremos: la España que se oponía a toda reforma y la España que desconfiaba de la reforma y proponía y exigía la ruptura. La frase de Fernández-Miranda, con categoría de guía política de la Transición, era «De la Ley a la Ley pasando por la Ley».

La fórmula, que permitió una Transición considerada ejemplar durante tres decenios, sigue siendo discutida cuarenta años después. Los nuevos dirigentes políticos de la izquierda comenzaron una suerte de revisionismo del proceso de Transición influidos por la idea de que la Transición fue un apaño; la Ley de Reforma Política, un engaño; el pacto constitucional, un fruto del miedo al golpismo; la construcción del nuevo Estado, una forma de prolongar en el tiempo los privilegios del franquismo, y las amnistías de 1977, una especie de «ley de punto final» que perdonaba los crímenes y las responsabilidades políticas y penales de los dirigentes del régimen anterior y de sus colaboradores. De hecho, uno de los fundadores de Podemos, el profesor Juan Carlos Monedero, llegó a decir que la Constitución de 1978 fue escrita por «manos manchadas de sangre».

La última ocasión que sirvió para dar alas al nuevo revisionismo histórico fue la emisión, en la cadena de televisión La Sexta, de una frase que Adolfo Suárez había dicho a Victoria Prego, mientras tapaba el micrófono, en una entrevista concedida y emitida en 1995. Según la explicación off the record de Suárez, los máximos dirigentes de Europa, presionados por Felipe González, sugerían que la monarquía fuese sometida a referéndum. Suárez se negaba porque las encuestas señalaban que ese referéndum podría perderse. Para evitarlo, se ingenió la Ley de Reforma Política que, al incluir funciones del rey en su articulado, se consideró como una forma de someter la monarquía a referéndum.

A este cronista, que vivió aquellos momentos cerca del presidente Suárez, no le consta en absoluto esa intencionalidad. Jamás se la escuchó ni al presidente ni a ninguna de las personas que trabajaron en la redacción de la Ley ni en la preparación del referéndum. Con lo cual, cree que se trata más bien de una interpretación posterior: «alguien», sin descartar al propio Suárez, llegó a la conclusión de que, al legitimar el proceso de cambio en esa consulta popular, se legitimaba también al jefe del Estado que firmaba su instrumento jurídico y, en consecuencia, a la monarquía.

En cuanto a la posibilidad de perder un referéndum sobre la monarquía, caben diversos análisis. Los que desmienten ese riesgo parten de las encuestas efectuadas por Jaime Miquel y remitidas a Pedro Cuartango, director de El Mundo, y que hablan de una aprobación de la actuación de Juan Carlos I por más del 70 por ciento de la población. Los que justifican el temor invocado por Suárez son los estados de opinión de la época: Juan Carlos I todavía no inspiraba la suficiente confianza, aparecieron calificativos como el de Santiago Carrillo (Juan Carlos El Breve) y la sociedad había sido educada con valores contrarios a la monarquía y a la dinastía Borbón.

Pero la emisión del documento sirvió para recalentar el clima que defendía que la Transición había sido una sucesión de trampas ingeniadas por el poder. Quienes piden la revisión del «régimen del 78», como Pablo Iglesias, se apresuraron a salir a la escena pública a proclamar que ellos ya conocían ese apaño de la Ley de Reforma Política, y seguramente funcionará como un argumento de autoridad en el futuro. Es un bocado demasiado exquisito como para renunciar a él.

Sea cual sea la interpretación, los hechos son claros: el año 1977 comenzó cerrando legalmente la era franquista y se situó con plenitud en la vía democrática. Y se llevó a cabo en medio de todas las dificultades imaginables. En ese mismo mes de enero tuvo lugar la matanza de Atocha, que estuvo a punto de hacer naufragar el proyecto entero. A ese terrorismo de la extrema derecha se unió el terrorismo heredado de ETA y los atentados y secuestros del GRAPO. Se oía un permanente ruido de sables, como amenaza constante a los avances en las libertades. La crisis económica iniciada en 1973 persistía y se asentaba. La comunidad internacional se interesaba por España, pero estaba lejos de un respaldo generalizado. Y es cierto que se respiraba el miedo a repetir una historia de enfrentamientos civiles. Daba vértigo observar el panorama. Pero ninguna de esas dificultades frenó al presidente Adolfo Suárez para cumplir el encargo histórico que había recibido.

Cuando se llegó a las elecciones del 15 de junio, el trabajo de base estaba culminado. Se había levantado el andamiaje jurídico, se habían legalizado los partidos políticos. Se había pasado la durísima prueba de legalizar al Partido Comunista frente a la oposición de la mayoría del estamento militar. E incluso se había alcanzado un gran pacto: el de las normas electorales, que fueron aceptadas por todos los partidos.

El 12 de junio de 1977 los feligreses de la parroquia de Bandeira (Silleda, Pontevedra) asistieron a misa como todos los domingos. Muchos señores iban de traje y corbata, porque era domingo. En los bares se hablaba, sobre todo, de las elecciones que se celebrarían tres días después. En Bandeira, como en el resto de Galicia y de España, muy pocos recordaban una jornada como aquélla, pues podían elegir entre comunistas, socialistas, derechas, centro y galleguistas, nacionalistas o no. No les resultaba fácil distinguir entre tantas opciones y papeletas, así que algunos esperaban una luz de su párroco, que era hombre de criterio apreciado. Y el párroco no les decepcionó. En su homilía, muy preparada, les dijo:

Queridos hermanos, el próximo miércoles se celebran elecciones y todos tenemos la obligación de votar. No quiero ni puedo emitir un sermón político, y como representante de la Iglesia no debo pronunciarme a favor ni en contra de ningún partido. Vosotros tenéis vuestras ideas y todas son válidas mientras no inciten al pecado ni contradigan los Santos Mandamientos. No os voy a aconsejar ni a pediros ningún voto, porque de eso se encargan los políticos. Sólo os voy a decir que la política se parece al tráfico por la carretera: si uno de vosotros circula con su coche o su tractor por la izquierda, el choque con quien viene de frente estará asegurado; si circula por el centro de la calzada, no sólo es muy probable el accidente, sino que entorpece la circulación en ambos sentidos. A partir de esa premisa, sacad vuestras propias conclusiones. Yo no os puedo decir a quién debéis votar.

La transcripción no es textual, pero así me la contó tiempo después quien fue un notable alcalde de Silleda, Juan Salgueiro. Lo malo es que la feligresía no decidió seguir sus apostólicos consejos. Es imposible saber cómo repartieron sus votos los católicos de la parroquia, pero no debieron de ser diferentes del resto del municipio, que decidió circular por el centro y le dio a UCD el 81,38 por ciento de los sufragios (4.283), y sólo siguieron el camino del Señor en su versión más terrenal los partidarios de Alianza Popular, con una pequeña cosecha del 10,24 por ciento y unas modestas 539 papeletas.

La arriesgadísima circulación por el centro se mantuvo durante algún tiempo, porque dos años después (1979, primeras elecciones municipales democráticas) el alcalde electo de Silleda era militante de UCD. Se tardó cuatro años en seguir el Código de Circulación para elegir un alcalde de Alianza Popular, y la apostasía de elegir un alcalde del Partido Socialista de Galicia (PSdeG) se hizo esperar cuatro décadas.

El miércoles 15 de junio de 1977, Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, hoy Felipe VI, tenía nueve años de edad. Su esposa, Letizia Ortiz Rocasolano, hoy reina Letizia, no había cumplido los cinco.

Mariano Rajoy Brey tenía veintidós años, todavía no era registrador de la propiedad ni apuntaba cualidades políticas. Estaba a punto de iniciar el servicio militar obligatorio, que cumplió limpiando las escaleras de la Capitanía General de Valencia.

Soraya Sáenz de Santamaría, hoy la mujer de mayor poder político, no tenía entonces el llamado «uso de razón», porque cinco días antes de las elecciones había cumplido seis años.

María Dolores de Cospedal García, la mujer que acumula más cargos, desempeñados todos a satisfacción, según su jefe Mariano Rajoy, estaba a las puertas de la pubertad pues iba camino de los doce.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón había cumplido en febrero cinco años de edad, y era un crío que jugaba por las calles del barrio de Tetuán en Madrid.

Susana Díaz y Pacheco, posteriormente presidenta de Andalucía, todavía no apuntaba maneras, porque no había cumplido ni siquiera los tres.

Pablo Iglesias Turrión aún no había nacido, ni siquiera era un proyecto. Vio la luz dieciséis meses después, dos meses antes del referéndum que aprobó la Constitución Española.

Albert Rivera, Alberto Carlos Rivera Díaz, tampoco había nacido. Tuvo que esperarse veintinueve meses después, el año en que se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas.

Y a Íñigo Errejón Galván le faltaban algunos meses más para nacer: exactamente 42. Cuando nació ya habían gobernado Adolfo Suárez seguido por Calvo-Sotelo y en ese entonces estaba en el poder Felipe González.

Recupero estos datos biográficos personales para certificar que gran parte de los miembros de la clase política de 2017 o no habían nacido, o eran muy niños o no se habían estrenado en la vida pública cuando se celebraron las primeras elecciones. Atestiguan no sólo el tiempo pasado, sino el relevo generacional que se ha producido en España. Es que han pasado cuarenta años. Pura evolución natural.

Aquel 15 de junio todo sonaba a estreno. Los ciudadanos se habían levantado con la sensación de abrir un tiempo nuevo, lleno de esperanzas. Los políticos les habían hablado de ilusiones. Los periódicos les saludaban desde los quioscos con titulares como el de la portada del ABC: «España elige hoy su futuro».

Era un día soleado y hermoso. Las empresas habían concedido permisos de cuatro horas para ir a votar, que había que justificar con un certificado. Se había decidido así, aunque nunca se confesó, para no arriesgarse, y de ese modo asegurar una amplia participación.

Pues una amplia participación resultaba fundamental para dar crédito y legitimidad a las urnas.

Y la sociedad no falló. La emoción se respiraba en el ambiente, porque eran las primeras elecciones democráticas desde hacía más de cuarenta años. La mayor parte de la población no había votado nunca. El censo había aumentado en más de diez millones de electores. Votaron dieciocho millones de ciudadanos, un 78,89 por ciento del censo. La mayor abstención se produjo en la provincia de Ourense, donde el 47 por ciento de la población llamada a las urnas optó por quedarse en casa. «Elecciones en libertad y sin ira», recordaría 35 años después el diario La Vanguardia.

El recuento resultó lento por la falta de experiencia y el gran número de listas que se presentaban. De hecho no se conoció el resultado final, con el escrutinio completo, hasta el día 17 siguiente, aunque cuando los periodistas abandonamos el Palacio de Congresos de la Castellana o la fiesta de UCD en el hotel Eurobuilding nos fuimos con la certeza de que Suárez había ganado. Fueron horas enloquecidas en las redacciones, y sólo a las seis de la tarde del día 16, El País pudo sacar a la calle una portada que rezaba: «El Centro no tendrá mayoría parlamentaria». Y estos añadidos: «El PSOE se consolida como el primer partido del país» y «Alianza Popular y la Democracia Cristiana, grandes derrotados en los comicios de ayer». Y había otro cambio al que había que dejar un pequeño hueco en las primeras páginas: «Brezhnev, nuevo presidente de la Unión Soviética». Cuarenta años después —¡quién nos lo iba a decir entonces!—, la Unión Soviética ya no existe más.

Se podría dividir la noche en varias partes: una inicial en que parecía que el Partido Socialista iba a salir ganador, y este cronista fue testigo del nerviosismo que se produjo en el despacho de Adolfo Suárez en La Moncloa, donde el presidente, algunos de sus colaboradores y varios de sus ministros seguían atentamente los datos. Otros estaban en la fiesta de UCD. Yo llegué a publicar un par de años después que el entonces vicepresidente Alfonso Osorio había sugerido la necesidad de provocar un pucherazo. Así me pareció escucharlo, pero debí de oír mal, o no capté debidamente el sentido de sus palabras, porque el propio Osorio lo desmintió de forma categórica en un artículo de réplica.

Después, como hemos podido comprobar que suele ocurrir en todos los comicios, el avance del escrutinio empezó a acercarse a los datos reales hasta el momento en que pudo proclamarse el triunfo de la UCD con el 34,44 por ciento de los votos y 166 escaños, a diez de la mayoría absoluta, seguido del PSOE con 118, el Partido Comunista de España con veinte, Alianza Popular con dieciséis y el resto de las minorías.

Aquellos resultados no fueron unos de tantos. Eran los primeros. Componían el retrato real de la España política. Eran, como suele decirse, los que ponían a cada uno en su sitio. «El resultado electoral —juzgaría años después el diario La Vanguardia—, fortaleció la joven democracia, perfiló un sistema de partidos homologable a cualquier país europeo y facilitó que el nuevo Congreso iniciara un proceso constituyente capaz de dotar al país de una Constitución basada en el consenso.»

Previamente se había confeccionado un trabajo de orfebrería fina cuyo objetivo era construir las bases del futuro, empezando por un futuro tan próximo como las primeras elecciones.

De entrada se marcó un porcentaje mínimo para poder contar con representación parlamentaria, evitando la fragmentación del Congreso. Se podía haber determinado con carácter nacional, y se intentó, pero se hizo con carácter provincial para garantizar la presencia de los partidos nacionalistas en el Parlamento. De ahí viene la contradicción de que partidos de ámbito estatal como el Comunista (más tarde Izquierda Unida) o Unión, Progreso y Democracia (la UPyD de Rosa Díez) hayan tenido más votos, pero menos escaños que la extinta Convergència i Unió (CiU) o el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

A continuación se estableció la famosa y compleja Regla D’Hont, que, dicho de forma muy simplificada, corrige el sistema proporcional, beneficia al partido más votado para facilitar la gobernabilidad, ayuda al segundo y en la mayoría de las provincias impidió hasta diciembre de 2015 que hubiera una tercera fuerza política.

En cuanto a la representación provincial, se hizo de forma que parecía pensada para favorecer a la UCD, y así ocurrió. Hubo provincias donde se necesitaron menos de 25.000 votos para obtener un escaño y provincias donde hicieron falta 90.000 sufragios. «La importancia de esa asimetría quedaba de manifiesto —escribe Carles Castro—, si se tiene en cuenta que en 1977 las provincias sobrerrepresentadas votaron a la derecha y las subrepresentadas, a la oposición.» Y añade este analista: «Así, UCD ganó en las provincias sobrerrepresentadas, mientras que el PSOE lo hizo sólo en una. Por el contrario, el centroizquierda fue la fuerza hegemónica en ocho de las provincias sobrerrepresentadas y el centroderecha únicamente venció en dos de esos distritos».

En cuanto al Senado, el sistema escogido ha sido el mayoritario. Pero con una trascendental diferencia respecto al Congreso. Todas las provincias eligen el mismo número de senadores. Da igual Lugo que Madrid o Barcelona. Si algún día se reforma el Senado, habrá que pensar en cambiar el sistema, porque en una Cámara de presunta representación territorial es ilógico que Andalucía o Castilla y León tengan el doble de senadores que Cataluña o Galicia, casi el triple que el País Vasco y ocho veces más que Madrid.

En todo caso, lo que en unas elecciones benefició a la derecha, en otras benefició a la izquierda. Lo que está en la mesa del debate cuarenta años después no es sólo la necesidad de corregir esos fallos de representación, sino la opción de aceptar listas abiertas o, por lo menos, no bloqueadas. Es bastante improbable que esa reforma cuente con el suficiente consenso como lo hubo para el pacto de 1977.

De modo que los efectos políticos del 15-J fueron los siguientes:

En primer lugar, dio estabilidad al sistema naciente «cuyo entramado institucional se erigió sobre la nueva Constitución aprobada en diciembre de 1978» (Xavier Casals, La transición española). Abrió la vía del bipartidismo, pues se dejaba únicamente dos fuerzas hegemónicas en el Congreso de los Diputados. Una de ellas, el PSOE, se mantendría durante mucho tiempo. La UCD se descompuso una vez terminada su misión de ser el partido conductor de la Transición.

Depuró el sistema de partidos. A esas elecciones se presentaron 5.343 candidatos integrados en 589 candidaturas. Menos de treinta lograron presentarse en todas las circunscripciones, y entre ellos no estaba el partido ganador, la UCD, que no se presentó en Guipúzcoa. Y quedó definido el mapa de fuerzas políticas que, con cambios nominales y ajustes (como la desaparición de UCD) dominaría el Parlamento hasta la aparición de Ciudadanos y Podemos y sus confluencias: Unión de Centro Democrático (UCD); Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Partido Comunista de España, después Izquierda Unida (PCE e IU); Alianza Popular, después Partido Popular (AP y PP); PNV y Pacte Democràtic, una coalición de siglas reducida posteriormente a Convergència Democràtica de Catalunya, y hoy Partit Democràtic Europeo de Catalunya. La Democracia Cristiana desapareció con sólo un 1,1 por ciento de los votos.

Demostró que no había tantos comunistas como se había creído durante el franquismo, después del franquismo y en el momento en que Adolfo Suárez legalizó el PCE. Esa legalización resultó, además, muy rentable para la UCD, porque impidió que todo el voto de izquierdas se concentrase en el Partido Socialista, lo cual le hubiera otorgado una gran victoria y posiblemente hubiese cambiado el futuro del consenso constitucional y de la propia monarquía.

Supuso la consolidación de los partidos moderados y, por tanto, la primera lección para una Alianza Popular que se presentaba como la heredera del régimen anterior y se mostraba intransigente en sus convicciones ideológicas. Un triunfo de Alianza Popular también hubiera cambiado el consenso constitucional.

Las normas electorales que rigieron aquellos comicios fueron resultado del primer gran pacto político entre el Gobierno y la oposición. Ese pacto hizo que las elecciones se celebrasen con toda normalidad y, a pesar de ser las primeras, no fuesen discutidas ni en el procedimiento ni en el resultado.

La escasa diferencia de votos entre UCD y el PSOE (un millón de sufragios) fue la primera señal de que los gobiernos del futuro se instalarían en el centro del campo político, que es el territorio de la moderación. Y fue también la primera demostración de la necesidad de unión entre fuerzas afines. Una izquierda disgregada, con un PSP de Tierno Galván que obtuvo 800.000 votos, le impidió a Felipe González ser presidente del Gobierno. Un centro-derecha dividido entre UCD y Alianza Popular le impidió a Adolfo Suárez obtener la mayoría absoluta.

Y, por último, se consiguió algo fundamental: el objetivo menos confesable, pero real, que no era otro que conseguir que ganaran quienes garantizaban que la Transición se culminase según la hoja de ruta marcada.

¿Se imagina alguien la reacción de un Ejército reacio al cambio si hubiese ganado algo parecido al Frente Popular que no sólo se había demonizado durante los cuarenta años de franquismo, sino que había sido derrotado en la Guerra Civil por quienes ahora estaban al mando de las Fuerzas Armadas y se consideraban depositarios del testamento de Franco? Y para ello no hacía falta que se unieran los partidos que en la República habían formado el Frente Popular. Bastaba que ganase uno de ellos, aunque fuese el muy moderno Partido Socialista de Felipe González.

Para eso faltaban aún cinco años. Los suficientes para redactar la Constitución de 1978, para firmar los Pactos de La Moncloa, para que UCD ganase por segunda y última vez, para que un Suárez acorralado y martirizado presentase su dimisión, para que se produjera un corrimiento de tierras de UCD hacia su derecha, para que el PSOE hiciera su propia penitencia ideológica y abandonase la definición de marxista, para que se produjera un golpe de Estado y para que todo el país hiciera un lento, pero firme, viraje hacia la moderación. Como vamos a ver en el siguiente capítulo, ésa ha sido una de las claves del éxito de la democracia. Y de las menos estudiadas.

2

El lento (y tenso) viraje hacia la moderación

La calle, incendiada, y el gatillo, fácil. Cuando sólo el 5,2 por ciento consideraba la democracia como «la meta más importante». El «monárquico» Santiago Carrillo y otros milagros de la evolución. Un país sin extrema derecha… ni extrema izquierda.

Cuando uno se enfrenta a la tarea de recrear la historia y la experiencia personal de un período de la vida nacional, surge una pregunta inicial: ¿por qué no sólo ha salido bien la Transición política, a pesar de todos sus defectos, sino también la consolidación de la democracia? ¿Por qué fue posible en un país de tantos enfrentamientos, de tanta división, de tanta radicalización como se presentaba al principio de todo el proceso?

Existen infinidad de claves, que van desde la autoridad y el pragmatismo del rey Juan Carlos a la integración en el sistema de los perseguidos por el franquismo. Pero no podemos olvidar un detalle que me parece decisivo: la propia democracia generó anticuerpos contra sus enemigos. El avance de la democracia hizo que se fueran quedando por el camino los grupos y tendencias más radicales, de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Fue realmente espectacular.

Todo empezó por la alineación. En diciembre de 1975, la España que llamaba fascistas a todos los que tenían algún barniz franquista, dejó morir a Franco en la cama. El poderío del régimen, su incrustación en todos los ambientes de la vida privada y pública y el uso de la fuerza hasta el extremo de los fusilamientos de septiembre hicieron imposible cualquier sueño de derrocar al dictador. En todo caso, quienes podían albergar una aspiración como ésa eran minoría. El resto profesaba tolerancia, sumisión o vulgar desentendimiento de la política.

Pero de pronto se produjo el milagro. Por una parte «salieron del armario» todos los que habían practicado lo que Jordi Gracia llamó «la resistencia silenciosa». Por otra, este país empezó a verse poblado por «demócratas de toda la vida», expresión que se convirtió en un elogio para todo alto cargo que se designara, aunque hubiera sido jefe provincial del Movimiento. Personalidades que habían ejercido cargos publicados en el Boletín Oficial del Estado en el régimen de Franco, que habían jurado sus Leyes Fundamentales o que habían vestido en algún momento la camisa azul, de pronto eran «demócratas de toda la vida» y estaban dispuestos a demostrarlo en sus currículums.

Poco a poco esa definición de simpatía democrática fue girando hacia la condena del franquismo y al uso generalizado de la palabra «dictadura». Al régimen de Franco no siempre se le denominó así. Se le llamó régimen, régimen de partido único, sistema autoritario, sistema personalista, incluso se utilizó con frecuencia la expresión «democracia orgánica». La palabra dictadura tardó algún tiempo en ser de uso común.

Al aceptarla la mayoría, había, por lo menos, un acuerdo en la definición y algo más: un fenómeno de transformación mental colectiva, con un resultado efectivo, pues la base social de la democracia quedaba constituida. Los analistas e incluso los historiadores tuvieron que empezar a usar un concepto imaginativo: el «franquismo sociológico». Es decir, el poso franquista que aún quedaba en una sociedad educada en la escuela franquista, impregnada de la propaganda sin réplica de cuatro decenios, satisfecha de la mejor calidad de vida y que pensaba que la libertad y los derechos cívicos sin progreso económico no tienen excesivo valor. Ese franquismo sociológico sobrevivió durante mucho tiempo en el medio rural y tuvo influencia en determinadas costumbres y en el rechazo a algunas leyes de cambio. Duró muchos años, y atestiguaba la penetración del franquismo en las estructuras sociales. Pero se fue extinguiendo de forma paulatina. Hoy es claramente residual. La entrada en escena de las generaciones nacidas en la democracia significó la expulsión, aunque sea simbólica, de ese poso tan nostálgico como estéril.

Porque la primera que cambió fue la propia sociedad española. El analista Carles Castro, en su libro Relato electoral de España, afirma: «Todavía en el verano de 1975 la mitad de la población compartía la idea de que “ojalá en política las cosas siguieran igual otros treinta años”. En cambio, sólo uno de cada cuatro ciudadanos consultados mostraba su inquietud por “la falta de libertad”. Y únicamente un 5,2 por ciento consideraba la democracia como “la meta más importante para la política de los próximos años en España”».

UNA CALLE INCENDIADA

A juzgar por esos estados de opinión, pensar en un triunfo de la democracia se aproximaba mucho a la utopía. Y encima, había un ambiente de violencia callejera que llevaba a pensar que el tránsito no iba a desarrollarse de manera pacífica. Xavier Casals publicó este balance en su obra La transición española: «Los fallecidos por alteración del orden público se triplicaron y pasaron de veinticinco en 1975 (veinte agentes y cinco civiles) a 78 en 1976 (61 civiles y diecisiete agentes). Asimismo, entre 1974 y 1976 murieron 79 civiles, la mayoría por la represión policial, y se produjeron 614 heridos, incluyendo civiles y agentes». Esta escueta pero dramática estadística mostraba una calle incendiada en la que se apretaba el gatillo con facilidad y la agresión era la norma de comportamiento. No hace falta escribir una conclusión: serenar ese ambiente, erradicar los focos y los modos violentos, educar a la policía en su misión democrática de defensa de derechos civiles y no de represión fue una tarea lenta, pero básica para la normalidad democrática.

En cuanto a la opinión pública, los estudios sociológicos como el citado por Carles Castro explican por qué existían aquellas colas de personas que querían dar su último adiós a Franco, cuyo cadáver estuvo expuesto en una sala del Palacio Real. Pero esa opinión pública cambió rápidamente. De haberse mantenido mucho tiempo, los partidos más próximos al franquismo habrían ganado las elecciones del 15 junio de 1977. Y quizá de forma arrolladora. Sin embargo, los sondeos efectuados a finales de 1976 ya habían detectado un cambio radical de actitudes: no sólo se quería la democracia, sino que se percibía un crecimiento constante de la simpatía hacia los partidos de izquierda. De hecho, aunque en esas elecciones ganó la UCD de Adolfo Suárez, la suma de votos de la izquierda fue levemente superior, y esa tendencia se mantuvo en prácticamente todas las elecciones celebradas hasta 2016.

La siguiente evolución espectacular fue la del Partido Comunista de España. De hecho, dio comienzo cuando Santiago Carrillo lanzó la idea de reconciliación nacional, lo cual significó una renuncia explícita a pasar factura por las persecuciones de la dictadura. Carrillo participó, al mismo tiempo, en la creación del «Eurocomunismo», un concepto que se tradujo en la gran desviación de la dictadura del proletariado. Más tarde, ya cuando el todavía príncipe Juan Carlos se preparaba para acceder a la Jefatura del Estado, el mismo Carrillo aceptó la propuesta del joven Borbón de no boicotear la coronación, a cambio de una promesa de legalizar el PCE cuando las circunstancias lo permitieran.

Ahora bien, el acontecimiento más ostentoso se produjo el 16 de abril de 1977. Ese día, Santiago Carrillo se presentó ante los medios informativos rodeado de toda la dirección del PCE. Venía a comunicar lo siguiente: que ese partido aceptaba la bandera roja y gualda como símbolo del Estado, la monarquía y al rey Juan Carlos. Aquello supuso una conmoción todavía no superada por los comunistas que vivieron aquellos momentos. Pero respondía al cumplimiento de los pactos alcanzados en las numerosas y largas conversaciones con Adolfo Suárez, casi todas celebradas en secreto, porque los «poderes fácticos» no le permitían a Suárez ese tipo de encuentros con quien había sido la bestia negra durante cuarenta años. Y fue, sobre todo, un paso fundamental en la normalización política.

Ese reconocimiento de la bandera y de la monarquía se mantuvo durante más de treinta años, sin otras disidencias que la exhibición de alguna bandera republicana en manifestaciones. Empezó a romperlo Cayo Lara como portavoz de Izquierda Unida y su sucesor, Alberto Garzón, ha terminado de hacerlo con claridad, pues creyó encontrar un hueco en el panorama político convirtiéndose en gran defensor de la idea republicana. De hecho, en todos sus discursos —incluso en los parlamentarios— se percibe una defensa de la República o algún saludo al estilo del viejo republicanismo de casi un siglo atrás, de 1931. Sólo el 25 de noviembre de 2016 expuso en el diario El País un orden distinto de prioridades. La periodista Elsa García de Blas le preguntó si Izquierda Unida iba a presentar una iniciativa por la república, y Garzón respondió: «Por supuesto que sí, pero tenemos también nuestra hoja de preferencias. Somos conscientes de que los problemas más urgentes en la ciudadanía son la precariedad, el hambre, la miseria, los desahucios».

También evolucionó hacia la moderación el Partido Socialista Obrero Español y esa evolución es una de las claves de su llegada al poder en 1982. Lo hizo en varias ocasiones históricas que se analizan en otros capítulos de este libro.

Al principio de la Transición, el PSOE era un partido radical. En todos los órdenes. Ante la cuestión territorial de España, propugnaba la autodeterminación de los pueblos y regiones. Ante el comunismo, buscaba una relación fraternal y el propio Felipe González viajó a Moscú, donde firmó una declaración conjunta con el Partido Comunista de la URSS contra la OTAN. Y en lo ideológico, heredó su definición de partido marxista.

La proximidad al poder rebajó su radicalismo de forma espectacular. Aceptó la fórmula de las autonomías y fue agente activo de su desarrollo, aunque siempre con la mirada puesta en el modelo federal. Sobre la URSS, Felipe González dijo: «Yo preferiría que me diesen un navajazo entrando en el metro de Nueva York a las diez de la noche antes que vivir treinta años con absoluta tranquilidad y seguridad en Moscú». Propugnó el «sí» a la OTAN después de una intensa campaña por la neutralidad estratégica y el eslogan de «OTAN, de entrada no». En cuanto al marxismo, renunció y propugnó la renuncia a esa definición en el tormentoso congreso del partido de 1979. Y, de forma sistemática, desarrolló una obra de Gobierno muy avanzada en lo social, pero de plena aceptación de la libertad de mercado. Al final hizo bueno el principio de Indalecio Prieto: «soy socialista a fuer de liberal».

Por otro lado, la evolución del Partido Popular ha sido sensacional. En sus orígenes le hizo el favor del siglo a la UCD. Sus tintes franquistas, su duro conservadurismo, la personalidad autoritaria de Fraga, hicieron que al partido de Adolfo Suárez (una suma heterogénea de quince siglas compuesta por demócratas y también por procedentes del franquismo) le resultase fácil presentarse como una fuerza liberal y equidistante: «lo bueno de la derecha y lo bueno de la izquierda», decía uno de sus carteles electorales.

Pasado el tiempo, y vista la poca rentabilidad de la «derechona» (título que se había ganado por la personalidad de sus dirigentes y su mensaje ideológico), se refundó como Partido Popular, con un discurso de centro-derecha, liberal en lo económico, homologable y homologado a las derechas europeas. Con algún tic autoritario cuando tuvo la mayoría absoluta, supo ser dialogante cuando necesitaba apoyos para gobernar. Tanto en los gobiernos de José María Aznar como en los de Mariano Rajoy criticó con dureza las herencias socialistas, fue demoledor en sus rechazos a las reformas efectuadas por Felipe González y Rodríguez Zapatero, pero no derogó ninguna de las leyes que censuró en manifestaciones en la calle ni recurrió al Tribunal Constitucional.

SIN EXTREMA DERECHA

 

Uno de los factores que distinguen la situación política española de estos cuarenta años y de otros países europeos es la ausencia de partidos políticos extremistas, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. En la Unión Europea, los partidos de extrema derecha, últimamente identificados con el calificativo de «populistas», registran un crecimiento sin precedentes después de la Segunda Guerra Mundial. Éstos son los resultados obtenidos en las últimas elecciones: Partido Popular Danés (DF), 21,1 por ciento; Alternativa por A ...