Loading...

ESTADO DE EMERGENCIA

Carlos Fazio  

0


Fragmento

Introducción

La realidad no se oculta, está ahí. Somos nosotros los que la negamos. El auténtico peligro es aquello que no se ha visto o no se ha querido ver, que se ha subestimado o no se ha creído. En plena sociedad del espectáculo, lejos del sensacionalismo de los medios de difusión masiva bajo control monopólico privado, los grandes grupos de la economía criminal son el lado oscuro, subterráneo, de la globalización. Desde sus orígenes, el sistema capitalista ha sido amoral y alegal. No obstante, como en otros momentos de la historia, vivimos en una era de capitalismo criminal; en democracias criminales o mafiosas. El mundo del “crimen organizado” y de las mafias es el mundo del dinero y los intereses económicos, del poder y el secreto. Las mafias y los grupos de la economía criminal se han instalado en el corazón de nuestros sistemas políticos y económicos; no son un fenómeno aislado de la sociedad —una conspiración de maleantes en un Estado limpio— sino más bien una especie de empresa, de carácter ilegal y a la vez informal y legal, con un pie bien implantado en los sectores cruciales de la sociedad y el Estado: el mundo financiero y el de los negocios, el aparato de seguridad y judicial, y hasta el mundo político.

Pero eso no lo explica todo. Frente a los argumentos de tintes tecnocráticos que aluden a una “captura criminal del Estado” y a una confrontación violenta entre bandidos y el Estado bueno, y en medio una ciudadanía aterrorizada e inerme,1 es pertinente analizar las configuraciones criminales del capitalismo contemporáneo. Desde finales de los años setenta del siglo pasado asistimos a una nueva fase de acumulación capitalista. Una fase que remite a la acumulación primitiva u originaria descrita por Karl Marx en el capítulo 24 de El capital (basada en la depredación, el robo, el fraude y la violencia), y que a comienzos de esta nueva centuria el geógrafo teórico marxista David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión” o despojo,2 lo que junto con la financiarización y reprimarización de la economía, implica una mercantilización y privatización de territorios, incluidos la tierra y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta entonces cerrados al mercado, así como la expulsión del campesinado de sus tierras comunales o bajo propiedad ejidal en beneficio de grandes corporaciones trasnacionales, y su utilización como una mercancía más susceptible de ser desechada (matable, diría Agamben) o como fuerza de trabajo excedente, en algunos casos bajo regímenes de semiesclavitud.

Del nuevo “arreglo espacial” —según el concepto marco que ha desarrollado Harvey— se deriva que la acumulación de capital construye una geografía a la medida de sus necesidades, y que en momentos de crisis sistémica como al que asistimos en el segundo decenio de este siglo el capital desplaza sus contradicciones mediante un proceso de construcción violenta del espacio. Una violencia que desde antes de los atentados terroristas de 2001 en Nueva York (11/S) estaba justificada en una práctica política basada en la dicotomía amigo/enemigo como coartada para crear un estado de excepción en muchos lugares del ­planeta.

El 11/S agudizó esa política ya en curso (piénsese en la antigua Yugoslavia, rebalcanizada por las potencias occidentales en los años noventa tras la muerte del mariscal Tito) y generó un nuevo “discurso civilizatorio” sobre la guerra, el enemigo y el terror diseñado por la administración de George W. Bush para justificar ocupaciones e intervenciones neocoloniales como en Afganistán e Irak. Lo que puso en juego nuevas valoraciones y debates académicos sobre los modos de entrelazamiento de nociones tales como violencia y derecho, por un lado, y soberanía y excepción, por otro, que a su vez remiten a ideas sobre la normalización del horror y al hecho avizorado de manera temprana por Walter Benjamin3 de que el estado de emergencia no era la excepción sino la regla para los oprimidos.4

Con base en la normalización de la excepción, Achille Mbembe propuso una nueva categoría, la necropolítica, que exhibe la lógica de la política capitalista de nuestros días como “administración y trabajo de muerte”.5 Recuperando la noción de la biopolítica de Michel Foucault, la aportación del filósofo camerunés nos introduce en fenómenos contemporáneos como la instrumentalización generalizada de la existencia humana y la destrucción material de cuerpos y poblaciones humanas juzgados como desechables y superfluos, pero también en una noción ficcionalizada o fantasmática del enemigo.6

Así, según Mbembe, poblaciones enteras, cuerpos y enemigos son ubicados espacialmente en neocolonias cuya administración se da bajo una lógica de guerra que legitima la expropiación del territorio y la distribución y explotación de sus habitantes, en un mundo que se acaba con el límite de la muerte. La violencia de la ocupación colonial implanta una política de muerte que se concreta en la figura de la plantación, donde la dominación del amo sobre el esclavo es absoluta e implica la muerte social del eslabón más débil de la cadena. Para Mbembe, la colonia representa el lugar donde la soberanía consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder al margen de la ley y donde la paz suele tener el rostro de una guerra sin fin.7

La ocupación colonial implica una delimitación y un control físico y geográfico: “Aquí, el ejercicio de la soberanía clasifica, bajo ninguna otra legitimidad que la de la guerra y la conquista, la distribución de sujetos y la delimitación donde hay vidas que son desechables”.8 Y si bien el modelo de colonia contemporánea que plantea este autor es el del nuevo apartheid instrumentado por Israel sobre la población palestina en los territorios árabes ocupados, vemos que se replica en amplios espacios territoriales de Colombia y México, merced a políticas institucionales de depreda­ción, terror y muerte aplicadas por los gobiernos ­neoliberales de Álvaro Uribe y Felipe Calderón, continuadas por sus sucesores.

En realidad, dichas estrategias formaban parte de un renovado plan estadounidense de apropiación de territorios y refuncionalización del espacio en el Hemisferio Occidental, al servicio del gran capital ­trasnacional, que incluía una serie de megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etc.) e iba acompañado de un proceso de reingeniería militar post Panamá.9 A través del Plan Colombia y el Plan Puebla Panamá, impulsados por la administración de Bill Clinton desde finales del siglo XXI, Estados Unidos desplegó una nueva forma de guerra encubierta y de ocupación neocolonial, que como resumió en 2007 el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, buscaba “transformar el territorio; adecuarlo a las nuevas mercancías, a las nuevas tecnologías y los nuevos negocios. Cuadricularlo, ordenarlo, hacerlo funcional y… productivo”.10

LA DOMINACIÓN DE ESPECTRO COMPLETO

La nueva fase de intervención estadounidense en México y toda la región respondía a la agenda militar global de la Casa Blanca definida en un documento del Pentágono de marzo de 2005. Como parte de una guerra imperial de conquista, el plan, que apoyaba los intereses de las corporaciones de Estados Unidos en todo el orbe, incluía operaciones militares ofensivas (directas, psicológicas o encubiertas) dirigidas incluso contra países no hostiles a Washington, pero que eran considerados estratégicos desde el punto de vista de los intereses del complejo militar, industrial, energético, mediático.11

Una orientación confidencial en el nuevo enfoque “proactivo” del Pentágono era el establecimiento de asociaciones con estados debilitados y gobiernos tambaleantes. Bajo el disfraz de la guerra al terrorismo y la contención de estados delincuentes se promovía el envío de fuerzas especiales (boinas verdes) en operaciones militares de mantenimiento del orden (funciones de policía). El documento impulsaba la adopción de “soluciones menos doctrinarias” que incluyeran el envío de pequeños equipos de soldados “culturalmente espabilados” para entrenar y dirigir a las fuerzas autóctonas en tácticas de contrainsurgencia. En las labores de capacitación destacaba la participación del Cuerpo de Marines, aunque una parte de esas actividades sería realizada por compañías privadas de seguridad subcontratadas por el Pentágono y el Departamento de Estado.12

La tercerización de los conflictos vía empresas de mercenarios como Dyncorp o Blackwater —que se encargan de tareas propias de la guerra sucia que se apartan de la “doctrina”— es una forma habitual de eludir los códigos de guerra o del derecho internacional humanitario por parte del personal militar reconocido oficialmente, lo que termina diluyendo las responsabilidades. Además de que constituyen una vía paralela para adoctrinar y penetrar a las fuerzas armadas y las policías de los estados nativos.

Como parte de una guerra de ocupación integral, la intervención estadounidense de comienzos del siglo XXI responde a nuevas concepciones del Pentágono sobre la definición de enemigos (guerras contra no estados o contra enemigos asimétricos, no convencionales o irregulares, v. gr., el terrorista, el populista radical, el traficante de drogas), que podrían actuar en estados fallidos o ser patrocinados por estados delincuentes. Lo que ha derivado en los conflictos asimétricos y las llamadas guerras de cuarta generación de nuestros días, que no se circunscriben a las reglas establecidas en los códigos internacionales y evaden las restricciones fronterizas de los estados como parte de un sistema tanático. Un sistema de muerte donde el enemigo es la sociedad toda y uno de los objetivos centrales es la destrucción de la cultura.13

La ocupación integral encubierta de países como Colombia y México forma parte de la “dominación de espectro completo”, noción diseñada por el Pentágono antes del 11 de septiembre de 2001,14 que abarca una política combinada donde lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural tienen objetivos comunes. Dado que el espectro es geográfico, espacial, social y cultural, para imponer la dominación se necesita manufacturar el consentimiento. Esto es, colocar en la sociedad sentidos “comunes” que de tanto repetirse se incorporan al imaginario colectivo e introducen, como única, la visión del mundo del poder hegemónico. Eso implica la formación y manipulación de una “opinión pública” legitimadora del modelo de dominación. Ergo, masas conformistas que acepten de manera acrítica y pasiva a la autoridad y la jerarquía social, para el mantenimiento y la reproducción del orden establecido.

Como plantea Noam Chomsky, para la fabricación del consenso resultan clave las imágenes y la narrativa de los medios de difusión masiva, con sus mitos, mentiras y falsedades.15 Apelando a la psicología y otras herramientas, a través de los medios se construye la imagen del poder (con su lógica de aplastamiento de las cosmovisiones, la memoria histórica y las utopías) y se imponen a la sociedad la cultura del miedo y la cultura de la delación.

La fabricación de imaginarios colectivos busca, además, facilitar la intervención-ocupación de Washington con base en el socorrido discurso propagandístico de la “seguridad nacional” estadounidense y la “seguridad hemisférica”. Con tal fin se introducen e imponen conceptos como el llamado “perímetro de seguridad” en el espacio geográfico que contiene a Canadá, Estados Unidos y México, que como parte de un plan de reordenamiento territorial de facto fue introduciendo de manera furtiva a México en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005).

La ASPAN incluye una integración energética transfronteriza subordinada a Washington y megaproyectos del capital trasnacional que subsumen los criterios económicos a los de seguridad —justificando así acciones que de otro modo no podrían ser admitidas por ser violatorias de la soberanía nacional— y una normativa supranacional que hace a un lado el control legislativo, mientras se imponen leyes contrainsurgentes que criminalizan la protesta y la pobreza y globalizan el disciplinamiento social.16

El manejo de una red de medios sistémicos bajo control monopólico privado permite, también, la construcción social del miedo,17 la fabricación del “enemigo interno” y el aterrizaje de doctrinas y matrices de opinión como las referentes a los estados fallidos y los estados delincuentes, que por constituir un “riesgo” a la seguridad nacional de Estados Unidos deben quedar bajo su control y tutela. Ayer Colombia, Afganistán, Irak, Libia, Paquistán. En nuestros días Siria, México, Ucrania.

La fabricación mediática de México como Estado fallido durante la transición Bush/Obama en la Casa Blanca (enero de 2009) incluía la previsión de un “colapso rápido y sorpresivo”, lo que según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (USJFCOM, por sus siglas en inglés) no dejaría más opción que la intervención militar directa de Washington.18 Entonces, la posibilidad de un colapso fue atribuida al accionar de grupos de la economía criminal y llevó a una acelerada militarización del país, con la injerencia directa de elementos del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia, la Oficina Federal de Investigación, la agencia antidrogas DEA y otras dependencias estadounidenses en el territorio nacional, bajo la mampara de la Iniciativa Mérida (2007), símil del Plan Colombia.19

En forma paralela, y a partir de la implantación larvada de un estado de excepción no declarado que se fue convirtiendo en regla, Estados Unidos instituyó en México —como antes en Colombia— un modelo donde la administración de la política se convirtió en un “trabajo de muerte” que permite el control de amplios territorios para la explotación de los recursos geoestratégicos, laborales, de manufacturación o de paso para la circulación de mercancías.

En ambos países la institucionalización del nuevo modelo de exterminio combinó el accionar de la estructura del Estado con el de corporaciones trasnacionales y grupos de la economía criminal. El Estado cedió parte del monopolio de la violencia a organizaciones de civiles armados, lo que derivó en un entrelazamiento de “máquinas” para generar muerte masiva y ejecuciones selectivas por lista (kill-list) y un terror paralizante necesario para la explotación de los recursos geoestratégicos y el control de población viva. Es decir, para la administración de la guerra para un trabajo de muerte.

Como explica Mbembe: “estas máquinas se componen de facciones de hombres armados que se escinden o se fusionan según su tarea y circunstancia. Organizaciones difusas y polimorfas, las máquinas de guerra se caracterizan por su capacidad para la metamorfosis. Su relación con el espacio es móvil”.20

Dichas estructuras mantienen relaciones complejas con las formas estatales, pero el mismo Estado puede transformarse en una “máquina de guerra”, apropiarse para sí de una máquina de guerra ya existente o ayudar a crear una. “Las máquinas de guerra funcionan tomando prestado de los ejércitos ­habituales, aunque incorporan nuevos elementos bien adaptados al principio de segmentación y desterritorialización. Los ejércitos habituales, por su parte, pueden apropiarse fácilmente de ciertas características de las máquinas de guerra”.21

En ese sentido, no se puede menospreciar el lugar que el paramilitarismo y las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas ilícitas han tenido para la política en países como Colombia y México, y tampoco el discurso que los gobiernos de Uribe y Calderón activaron sobre el “enemigo” en sus respectivas “guerras” para justificar y legitimar formas de control y violencia de Estado. En ambos casos, la “guerra” formó parte de un complejo juego retórico que pretendió identificar a la máquina de guerra con el enemigo. Pero como describe Mbembe, eso es casi imposible dada la condición de esas “máquinas” de ser organizaciones difusas y polimorfas. Así, la guerra y el terror —como parte de un entramado donde es difícil distinguir los cuerpos militares de los policiales, los paramilitares, las autodefensas y del sicariato de los grupos de la economía criminal— son el campo más fructífero para legitimar el estado de excepción.

En ese contexto, cabe resaltar que la guerra y el terror son instrumentos clave al servicio de una forma de acumulación violenta, que ocurre al interior de paraestados donde operan formas de poder paralelas, pero articuladas al marco institucional (parainstitucionalidad), en cuyo seno fracciones “pragmáticas” del bloque de poder hegemónico han delegado parte de la regulación y el control territorial de zonas de importancia económica y geopolítica (espacialidad), a aparatos represivos extralegales (paramilitarismo), que pueden llegar a constituir auténticos brazos armados complementarios que actúan en cohabitación o franca complicidad con las distintas corporaciones de las fuerzas militares del Estado (fuerzas armadas y distintas formas de policías militarizadas), al servicio de la nueva fase de acumulación capitalista.22

La irrupción de las nuevas formas de acumulación legales que muchas veces derivan de actividades ilegales (el lavado de dinero es la legalización de recursos negros a cambio de una cuota o porcentaje) ha propiciado una nueva geografía del capital generada a partir de

Sigue leyendo y recibe antes que nadie historias como ésta