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ISABEL II

Isabel Burdiel  

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Fragmento

INTRODUCCIÓN

EL REINADO ISABELINO Y EL PECADO ORIGINAL DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

El sábado 9 de abril de 1904, en el Palacio de Castilla de la avenida Kléber de París, murió la reina Isabel II de España. Durante los días posteriores a su muerte, los periódicos de la capital francesa publicaron semblanzas, mejor o peor informadas, de la ajetreada vida y la «desgraciada existencia» de la abuela del joven monarca de los españoles. Las pálidas críticas a su reinado, apuntadas tímidamente por algunos comentaristas, retrocedían ante un tono general de nostalgia y de compasión póstuma por aquella reina extranjera y pintoresca que algunos parisinos recordaban vagamente que vivía entre ellos desde hacía treinta y cinco años.

En manos de aquellos cronistas de ocasión, que se asomaban desde las luces del recién inaugurado siglo XX al oscuro pasado español, la historia de la vieja dama de la avenida Kléber sonaba lejana y exótica, ligeramente disparatada y bárbara. Heredera de un trono violentamente disputado cuando sólo tenía tres años, reina a los trece, casada a los dieciséis, siempre había sido demasiado joven para hacerse cargo de la dirección de un país recién salido «de las garras de la Inquisición» y sin preparación «para ingresar en el club de las naciones civilizadas y liberales».

Los periodistas franceses hablaban de «una cuna mecida por las balas» de una guerra civil que asombró al mundo por su crueldad; de un trono rodeado de intrigas y de partidos enfrentados «hasta la muerte»; de la pésima educación de doña Isabel en una Corte oscurantista plagada de cortesanos aduladores y viciosos, de curas reaccionarios y monjas milagreras. Cuando la Francia de la III República (y quizás también la España del joven Alfonso XIII) parecía a salvo de los vicios que habían aquejado aquella época lejana y oscura, los errores de la reina parecían inevitables y no podían menos que ser exculpados.

Todos los tópicos y las verdades acerca de la España decimonónica encontraron camino en los periódicos: la intransigencia religiosa, la falta de educación de un pueblo embrutecido, la ambición de sus generales y de sus políticos, el cainismo español, los pronunciamientos, las cuarteladas y las revoluciones. Le Figaro escribió: «La sabíamos víctima de sus malos consejeros más que de sus propios errores y ha habido siempre una cierta injusticia en hacerla culpable de lo que no era más que una consecuencia de la organización política de aquel país». Le Constitutionnel, dando ejemplo a los demás, la describía finalmente como «una gran dama que fue 35 años huésped de París […] esposa ultrajada, madre dolorosa», etcétera[1].

Todos los periódicos recogieron también las muestras de condolencia del gobierno republicano y de la alta sociedad parisina que, aunque no le hizo mucho caso en vida, visitó con esnobismo y curiosidad mal disimulados la capilla ardiente instalada durante casi seis días en el salón principal del Palacio de Castilla. Un salón repleto de una oscura representación de Borbones destronados, exiliados en París como Isabel II y procedentes de las diversas casas europeas que habían ido pereciendo a lo largo del siglo XIX. Los muchos curiosos que se acercaron a la avenida Kléber —o al menos los reporteros que pusieron por escrito sus impresiones— parece que disfrutaron del espectáculo del duelo de una vieja y exótica monarquía cuyo recuerdo moría con aquella anciana reina española.

A salvo ya de cualquier tentación legitimista, el gobierno de la III República colaboró en que las exequias fueran imponentes. El cortejo fúnebre recorrió la avenida de los Campos Elíseos, la plaza de la Concordia, las Tullerías y el puente de Solferino, antes de desembocar en la estación del Quai d'Orsay. Allí rindieron honores representantes de cuatro regimientos de Infantería y una batería de Artillería. Sólo las personas provistas de carnés de la embajada pudieron acceder a la estación, donde miembros destacados del cuerpo diplomático y del Gobierno volvieron a desfilar ante el ataúd. El servicio de honor fue atendido por la guardia de París en grande tenue. Un tren especial, con lujosos crespones negros, partió a las siete de la tarde en dirección a la frontera española. Todo fue perfecto. Tan sólo se echó en falta que su nieto, el rey de España, hubiese ido a recoger el cadáver. Los más desinformados, entre ellos varios periodistas, lo confundieron con el infante don Carlos de Borbón, enviado a París en representación de Alfonso XIII[2].

Los más enterados sabían que, para el rey español, visitar a su abuela había sido siempre algo incómodo. El año anterior, sin ir más lejos, doña Isabel le había puesto en un aprieto al presentarse en San Sebastián acompañada de un individuo con quien se decía que mantenía relaciones demasiado familiares y que había sido «separado del ejército austriaco por motivos deplorables»[3]. Esa misma incomodidad había llevado a Alfonso XIII, pocos meses antes de la muerte de su abuela, a eludir una visita al Palacio de Castilla en su camino hacia Viena. Ese último encuentro, esperanzadamente filtrado a la prensa de París por la propia Isabel II, no llegó nunca a producirse. La reina no ocultó a sus íntimos la decepción por aquel desaire pero, de nuevo, filtró a la prensa que esperaba ver a su nieto muy pronto[4]. Meses después, en abril de 1904, cuando don Alfonso buscaba asentar la popularidad de la monarquía realizando un comprometido viaje por una Cataluña crecientemente republicana y nacionalista, el cadáver de quien había dilapidado su prestigio hasta poner en peligro el futuro de todos los Borbones en España seguía siendo potencialmente peligroso. Tanto como para que el rey decidiese no suspender su viaje catalán[5].

Casi medio siglo atrás —poco antes de que la destronaran y de que, a la también temprana edad de treinta y ocho años, iniciase el largo exilio parisino— su primo hermano, cuñado y antiguo aspirante a su mano, el infante Enrique de Borbón, había resumido así el despilfarro del capital político y simbólico de la monarquía española llevado a cabo por Isabel II durante su reinado:

Os habéis despojado de vuestra inviolabilidad por falta de respeto propio como mujer y de nobles sentimientos como reina; os habéis despojado de vuestra autoridad al colocaros fuera de los principios de vuestro pueblo liberal […]. Nacisteis para representar con turbante en la cabeza, la corte de los serrallos, y no un pueblo europeo y constitucional […] ¿quién sino vuestro cetro ha reducido a esqueleto la monarquía más sólida y venerada?[6]

Con todo, treinta y cinco años eran muchos años. A pesar de los nubarrones que temían los políticos de la Restauración, la recién inaugurada monarquía de Alfonso XIII parecía tener poco que ver con aquel «obstáculo tradicional» para el desarrollo del liberalismo en España que se consideró necesario barrer en 1868. No sólo el obstáculo político quedaba atrás; atrás quedaba también la reina indecente de los años sesenta, la de la iconografía brutal de Los Borbones en Pelota atribuida en su momento a los hermanos Bécquer[7]. Los restos que salieron de París en abril de 1904 eran los de una venerable viejecita a la que, incluso en España, se le perdonaba casi todo porque ya no significaba casi nada.

Aquel «casi nada» resultó, sin embargo, tener una capacidad de resistencia mucho mayor de lo que todos imaginaban. El joven rey que, en 1904, evitó cuidadosamente ser relacionado con el cadáver diminuto y en apariencia inofensivo de su abuela, comenzó su reinado como regeneracionista pero lo terminó consagrando España al Sagrado Corazón de Jesús y entregando el poder a un dictador militar. Con él, el «rey gafe» según los monárquicos, la dinastía Borbón acabó de dilapidar todo su caudal político y simbólico y el fantasma de Isabel II pareció alzar de nuevo triunfante la cabeza.

Quince años después de que Alfonso XIII emprendiese su propio camino hacia el exilio, el general Francisco Franco seguía agitando aquel fantasma del siglo XIX para resumir en él la decadencia moral de la monarquía constitucional y restar apoyos a la causa política de don Juan de Borbón. Cuando la derrota del Eje en la II Guerra Mundial obligó al franquismo a presentar una cara más civilizada ante la Europa democrática y quizás perfilar así un futuro monárquico para España, Franco se explayó a gusto con Martín Artajo sobre las conocidas aventuras amorosas de Isabel II. No había legitimidad dinástica que valiese entre la raza decadente de los Borbones cuando se consideraba padre de un rey «al último con quien se acostaba Isabel II». En esas condiciones había sido, y era, difícil «ver si es apto lo que salga del vientre de la reina»[8].

El temor a la potencia deslegitimadora de Isabel II llega hasta la actualidad. En 2004, cuando se cumplió el centenario de su muerte en París, la distancia que deseó mantener la Casa Real respecto a una posible conmemoración fue manifiesta. Como también fue manifiesto el deseo de los monárquicos de evitar que la gran exposición que se organizó entonces se centrara demasiado en la figura de la reina, por lo que se optó por una revisión general del reinado, que dejaba a Isabel II en la penumbra. A diferencia de lo ocurrido en otras magnas exposiciones organizadas por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones —las dedicadas, por ejemplo, a Antonio Cánovas o a Práxedes Mateo Sagasta—, ningún miembro de la familia real aceptó presidir la inauguración. Esa misma tarde los Reyes inauguraban en un lugar muy próximo una muestra expositiva de mucha menor relevancia y cercanía. El recuerdo de aquella escandalosa antepasada, tan activa política como sexualmente, no constituye desde luego un recuerdo grato para una monarquía como la que encarna Juan Carlos I, que por primera vez se ha sacudido el lastre de ser considerada un «obstáculo tradicional» para la liberalización y democratización del país.

En la medida en que este libro cumpla sus objetivos, los lectores podrán quizás advertir el carácter paradójico (entendida la paradoja como una contradicción aparente) que ofrece una biografía de Isabel II para el debate político actual sobre la monarquía, en España y en Europa. Por una parte, su historia demuestra hasta qué punto las monarquías democráticas actuales están alejadas de la experiencia y los problemas de las monarquías constitucionales del siglo XIX. Por otra parte, sin embargo, esa historia puede también suscitar la reflexión sobre aquellos lejanos orígenes como un presente anterior que apuntó, en lo fundamental, los problemas y los retos que hoy se le plantean a la institución monárquica y, también, la percepción que de todo ello tienen los ciudadanos. Así, al tiempo que la monarquía actual tiene muy poco que ver con la de Isabel II, su ser de hoy no se entiende sin los cambios que aquella experimentó —tanto en su naturaleza política como en su dimensión simbólica— a partir de la ruptura liberal con el absolutismo allá por los años treinta del siglo XIX.

Si en el difícil y conflictivo tránsito del absolutismo al liberalismo, la monarquía fue una rémora y un obstáculo, en la transición de la dictadura a la democracia en España hay un firme consenso respecto a que su actuación fue todo menos eso. En muy buena medida, la conciencia de los errores del pasado parece haber operado, por fin, como un antídoto eficaz para evitar la recaída en el desencuentro secular entre la institución monárquica y los diversos proyectos de liberalización y democratización que han recorrido nuestra historia contemporánea.

La pugna entre la legitimidad histórica y la legitimidad revolucionaria de la monarquía, que fue un problema sustancial para el liberalismo isabelino, hoy ya no tiene sentido. Sin embargo, es también evidente que el «origen franquista» de la restauración monárquica en la persona de Juan Carlos I puede resucitarse, en ciertos ambientes, como fuente de deslegitimación de la monarquía democrática, en un sentido similar al que adquiere el recuerdo de los síntomas de aquella vieja «enfermedad monárquica» decimonónica. Una serie de elementos que, combinados de las más extrañas formas, sigue operando en el debate político actual de una forma que enmascara los problemas del presente y los distorsiona.

Por una parte, un sector nada despreciable de la izquierda —víctima secular de las maniobras de la monarquía contra la libertad y la democracia— sigue considerando que hay una incompatibilidad sustancial entre monarquía y régimen democrático. Esa opinión, e incluso la convicción fundada y razonada, son legítimas. Sin embargo, tropiezan con el hecho de que algunas de las democracias europeas más avanzadas son y han sido monarquías, mientras que las dictaduras más sangrientas se han desarrollado en un marco republicano.

La ductilidad de la monarquía, pero también del liberalismo y de la democracia, debería tenerse en cuenta a la hora de argumentar al respecto, tanto históricamente como en el debate más actual. De la misma forma, la conciencia del peso que tienen en la formación de las propias convicciones las experiencias vividas (personalmente o a través de la memoria acumulada durante generaciones) debería ser un elemento de reflexión sobre lo que, siendo histórico y cambiante, se quiere convertir en esencial. A esa reflexión desea también contribuir este libro.

Se podrá así, quizás, comprender mejor la siempre quebrada manera en que los ecos del pasado iluminan el presente desde rincones insospechados. No es casualidad, por otra parte, que el peso de la historia de la monarquía española, de sus hábitos y de sus usos tradicionales sea especialmente evidente entre ciertos sectores de la derecha actual. Lo es, y mucho, cuando esos sectores cuestionan la inhibición del monarca en conflictos morales o políticos que consideran sustanciales para su propia agenda. Esa crítica está, de hecho, anclada en una concepción puramente instrumental de la institución que tiene sus orígenes precisos en el momento mismo de consolidación de la monarquía constitucional, durante el reinado de Isabel II. Para el que entonces se llamaba Partido Moderado y, a su sombra, para los nostálgicos del absolutismo, la monarquía fue siempre su monarquía. Más allá de las definiciones constitucionales o doctrinales, su práctica política estuvo ligada de forma estrechísima al monopolio del poder monárquico en defensa de sus particulares intereses sociales y partidistas.

Aquellos moderados decimonónicos, que a la postre demostraron ser bastante radicales en su deriva hacia el autoritarismo, no sólo concibieron la monarquía (al igual que la mayoría de los liberales europeos) como una institución muy útil para ayudarles a forjar nuevos mecanismos de deferencia, capaces de limar el conflicto social y político desatado por las revoluciones en las que ellos mismos habían participado, pero cuyos efectos temían no poder controlar. Hicieron bastante más que eso y consiguieron bastante menos. Utilizaron una y otra vez a la monarquía (con su entusiasta colaboración) para bloquear cualquier posibilidad de apertura, incluso la más gradual y pacífica, de un rígido sistema oligárquico que garantizaba su acceso privilegiado a todos los resortes del Estado, tanto los políticos como los económicos. Al hacerlo así, no sólo bloquearon el potencial horizonte democrático del liberalismo, sino también la misma circulación del poder entre las distintas familias liberales.

Precisamente porque la monarquía era concebida como un muro de contención frente a las demandas sociales y políticas de los otros liberales, los moderados defendieron una monarquía muy activa políticamente. Tan activa que era parte sustancial del conflicto político entre partidos, al tiempo que pretendía presentarse como instancia superior y armonizadora de ese conflicto partidista. En los breves y, más bien, erráticos momentos en los que pudo parecer que la monarquía constitucional (y la propia reina) se les escapaban de las manos, los ataques fueron furibundos y en ellos desempeñó un papel fundamental la utilización de la vida íntima de la familia real. Los ecos del pasado, también aquí, pueden ayudar a comprender mejor el presente.

El objetivo de esta biografía es iluminar algunos de los problemas que han quedado oscurecidos por análisis de carácter más impersonal, referidos a la historia política o constitucional del reinado isabelino. No se trata, desde luego, de sustituir un tipo de estudios que, cada vez con mayor profundidad y eficacia, están renovando nuestro conocimiento de una época crucial para la historia contemporánea de España. Lo que se pretende es introducir una perspectiva capaz de abordar las prácticas políticas cotidianas de la relación entre la Corona y el liberalismo, en un momento en que ambos estaban inmersos en el difícil aprendizaje (difícil en toda Europa) de los mecanismos de gobierno y representación de la monarquía constitucional. La extraordinaria capacidad de desestabilización política del recién inaugurado régimen liberal, atribuida entonces y después a la reina Isabel, merece un análisis en profundidad que explique no sólo sus resultados, sino también su origen. Es decir, la forma en que se fraguó y fue posible el poder, sumamente personalizado, que ejerció la reina durante aquellos años, así como su naturaleza y su alcance a lo largo del tiempo.

La metodología adoptada tiene tres características. En primer lugar, trata de trascender el análisis de la doctrina constitucional o política sobre el papel de la monarquía para ahondar en el estudio minucioso de sus prácticas. Desde ese punto de vista, el problema general que se aborda es la forma específica que adoptó en España la tensión entre el Parlamento y la Corona, que caracteriza todas las monarquías constitucionales europeas surgidas del ciclo revolucionario liberal.

En segundo lugar, y en estrecha relación con lo anterior, la perspectiva que he adoptado trata de eludir los efectos de idealización de la institución monárquica implícitos en uno de sus mecanismos clásicos de legitimación: aquel que la supone ajena, o trascendente, respecto a las singularidades biográficas de las personas que ocupan el trono. El reto fundamental, en este ámbito, ha consistido en imbricar el análisis de los factores individuales con el estudio de los valores y prácticas colectivas asociadas a la monarquía y al liberalismo en aquel momento histórico. Es decir, en aunar la reflexión sobre la forma en que veían el mundo Isabel II y los diversos miembros de la familia real y de la Corte, con el análisis de otras variables más amplias, implicadas en el conflicto de interpretaciones respecto a lo que debía ser el comportamiento de una reina constitucional y lo que ésta y su entorno se creían obligados (o no) a representar.

Por último, los diversos planos de investigación confluyen en una concepción de la monarquía como una institución no sólo política, sino también social y cultural, cuyos mecanismos de legitimación y deslegitimación trascienden la dicotomía clásica entre vida privada y vida pública y enfatizan el carácter histórico y cambiante de la misma. El hecho de que el primer monarca netamente constitucional de la historia de España fuese una mujer con una vida privada considerada, de forma creciente, como escandalosa, no puede ser contemplado como un hecho neutro o sin significación política relevante. No se trata de contraponer las supuestas disfunciones morales de la familia real y de la reina con los valores burgueses sobre la familia y la feminidad respetables, como si éstos fuesen estáticos y estuviesen plenamente definidos al margen del conflicto sociocultural y político de la época. Por el contrario, la discusión (o, más exactamente, las múltiples y a menudo contradictorias valoraciones) sobre la vida de la reina fueron parte importante de la conformación de dichos valores en su pugna global con las formas de vida aristocrática que la Corte y la familia real representaban. De este modo, es posible analizar la manera en que, desde los espacios formalmente tipificados como privados e íntimos, se puede conformar la retórica política y definir las áreas de consenso, de denuncia y de conflicto en la vida pública[9].

Creo que esta triple perspectiva de análisis puede contribuir a la reflexión general sobre los mecanismos de apropiación liberal de la monarquía en el proceso de construcción de los Estados-nación europeos y sobre la forma específica en que se desarrolló ese proceso en España. A la luz de esa problemática más global, los dos grandes vicios del reinado isabelino —el capricho personal en el nombramiento y cese de los gobiernos y el exclusivismo de un solo partido— adquieren una dimensión más compleja y menos personalizada en la figura de la reina, más allá de su evidente responsabilidad en la conformación y arraigo de los mismos. Espero poder demostrar que la capacidad de desestabilización política que tuvo la Corona, y en concreto la reina Isabel II, no fue la causa última de la falta de consenso del liberalismo isabelino sino su mejor exponente.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, algunos de los tópicos recibidos pueden impugnarse, o al menos matizarse. Quizás el más importante sea aquel que considera a Isabel II como la reina de los moderados y establece una identidad política esencial entre la monarquía isabelina y el proyecto moderado. En realidad, y de nuevo de forma paradójica respecto a las intenciones iniciales, esa identidad nunca llegó a forjarse de forma plena por, al menos, tres razones que este libro tratará de argumentar en detalle.

La primera, porque para ser la reina de los liberales moderados Isabel II tendría que haber sido liberal (moderada) y nunca lo fue. A lo largo de todo su reinado, aunque de forma irregular o incluso errática, su objetivo (o al menos aquel que buscó en su nombre el entorno palaciego, incluido de forma notable el rey consorte) fue precisamente revertir la ruptura liberal producida cuando la reina era una niña. La segunda, porque, a diferencia de lo que llegó a hacer en momentos claves su madre, la regente María Cristina de Borbón, Isabel II nunca fue capaz de controlar y poner a su servicio, de manera sólida y efectiva, las dispersas fuerzas del moderantismo. La tercera, porque tampoco los moderados fueron capaces de lograr lo mismo respecto a ella, es decir, no pudieron convertirla por completo en un instrumento político en sus manos. El resultado fue la fabricación de un laberinto político, cada vez más intrincado, que puso a todos y a todo en tela de juicio.

Frente a explicaciones demasiado rígidas o simplificadoras, la experiencia global de aquellos torturados años demuestra, a mi juicio, que el enfrentamiento político entre las dos grandes versiones liberales de la monarquía (la moderada y la progresista) fue una parte sustancial del conflicto que define la era isabelina. No fue, sin embargo, todo el conflicto porque, tras él, envuelto en él y distorsionándolo constantemente, existía otro, menos visible quizás, que alentaba en las oscuras cámaras de Palacio: el conflicto entre la España liberal y la España absolutista que muchos creían ya haber dejado atrás.

Vistas así las cosas, los usos de la monarquía en este país adquieren una mayor complejidad dentro de la gran batalla que se estaba librando, en aquel siglo y en toda Europa continental, entre las diversas monarquías y las instituciones liberales y representativas. Una buena muestra de la vitalidad y de la fortaleza del liberalismo español, frente a todo lo que se ha dicho acerca de su debilidad y de sus contradicciones internas, es que consiguió (a pesar de los formidables obstáculos en su contra) doblegar a la monarquía borbónica lo suficiente como para que tuviese que acabar reconociendo, como en toda la Europa monárquica, que el rey y el Parlamento estaban obligados a llegar a compromisos[10]. Algo que, en España, requirió un destronamiento, un cambio de dinastía y una república. Antes, sin embargo, fue necesario que todos los partidos políticos liberales y dinásticos ensayasen y opusiesen, durante el reinado de Isabel II, sus respectivos usos de la monarquía, y que, por su parte, los usos de ésta apagasen en todos ellos su particular ilusión monárquica o, más exactamente, isabelina.

PRIMERA PARTE

LA FABRICACIÓN DE ISABEL II (1830-1854)

CAPÍTULO 1

LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA DE BORBÓN: LA REINA NIÑA Y LA RUPTURA LIBERAL (1830-1840)

Allí, al lado de esa reforma y de aquel liberalismo me puso la Historia.
MARÍA CRISTINA DE BORBÓN

María Cristina de Borbón llegó a Madrid en diciembre de 1829 con un objetivo preciso: debía proporcionar descendencia a su tío, el rey de los españoles, el cual había enterrado ya a tres esposas sin lograr un heredero. La recién llegada tenía entonces veintitrés años y era hija del rey Francisco de Nápoles y de la infanta María Isabel, hermana de su futuro marido. Para las costumbres de la época se iba haciendo mayor y tenía a sus espaldas un matrimonio frustrado con su primo, Carlos Luis, rey de Etruria y futuro rey de Parma. Sin embargo, las malas lenguas le suponían una «probable fecundidad»; tenía un carácter vivaz, una expresión agradable y un atractivo que todos los que la conocieron consideraban cercano a la hermosura. Había recibido la educación habitual en las hijas de los reyes de entonces: algunas nociones de historia, geografía y gramática, rudimentos de francés, de pintura y de música. Le gustaba especialmente montar a caballo y era despierta, elocuente e ingeniosa[1].

Tenía, en todo caso, la inteligencia y la experiencia suficientes como para saber que su vida en la Corte española no iba a ser fácil. Fernando VII era un hombre prematuramente envejecido, con una salud muy quebrantada por largos años de gota y de excesos de todo tipo. La experiencia de su niñez, dominada por el todopoderoso Manuel Godoy (supuesto amante de su madre), le llevó a desconfiar de cualquier influencia demasiado cercana y poderosa. Su manera de reinar consistió siempre en dividir y enfrentar entre sí a cuantos le rodeaban, de forma que potenció en todos ellos, a través del desconcierto y del terror, el más abyecto servilismo. Ladino, desconfiado y cruel, dado al humor grueso y a las aventuras nocturnas, el rey de España no era desde luego una figura atrayente. Sin embargo, podía ser muy manipulable si se sabía atender bien a sus deseos.

Después de su última experiencia matrimonial con la muy devota princesa alemana, Josefa Amalia de Sajonia, casada con él cuando apenas tenía dieciséis años, el rey dejó muy claro a todos los que quisieron oírle que quería a su lado alguien que se acomodase más a su gusto por los placeres y por la diversión. El retrato que se le hizo llegar de su alegre sobrina napolitana parece que le colmó de expectativas halagüeñas. Unas expectativas que, para su hermano y hasta entonces heredero, el infante Carlos María Isidro, se volvían muy sombrías. Fanáticamente religioso, sobrio y virtuoso en su vida privada, la figura de don Carlos contrastaba notablemente con la del rey. Casado desde 1816 con su sobrina, la infanta portuguesa María Francisca de Braganza, tuvo con ella tres hijos (Carlos Luis, Juan y Fernando) y todas las fuentes coinciden en señalar que el carácter enérgico de su esposa ejercía una gran influencia sobre el suyo, más bien débil y apocado. Una energía y una influencia que María Francisca compartía con su hermana María Teresa de Braganza, princesa de Beira, con quien don Carlos acabó casándose años más tarde, en 1838, al morir su primera esposa[2].

Para aquel círculo cortesano, el nuevo matrimonio de Fernando VII era cualquier cosa menos una buena noticia. Las esperanzas de acceso al trono del hermano del rey peligraban y, con ellas, el proyecto político de los llamados apostólicos, para quienes el evidente carácter contrarrevolucionario de la política fernandina no saciaba sus ansias de reacción. Anclados en el Consejo de Estado y en los cuerpos de voluntarios realistas —auténtico cuerpo paramilitar formado en 1824 con el objetivo explícito de combatir la revolución—, los absolutistas extremos llevaban casi una década protagonizando conspiraciones dispersas y hostigando cualquier intento reformista, por tímido que fuese.

La limitadísima amnistía de 1824, forzada por las potencias de la Santa Alianza, así como la introducción de algunas reformas hacendísticas imprescindibles para evitar el derrumbe absoluto de la economía, se convirtieron en anatemas para aquellos que creían fanáticamente en el realismo puro. Del mismo modo, la falta de reconocimiento de grados y empleos de muchos de los que habían combatido la experiencia constitucional inaugurada en 1820, y el no restablecimiento de la Inquisición tras la reacción de 1823 sumaron frustración y resentimiento en el ala radical del absolutismo. En 1826 apareció el denominado Manifiesto de los Realistas Puros, en el que se denunciaba la traición de los ministros de Fernando VII, e incluso del propio rey, a los principios puros de la religión y el trono por los que se había combatido durante el Trienio Liberal. Las estrechas relaciones de don Carlos con aquellos grupos ultramontanos era un secreto a voces[3].

Cuando María Cristina llegó a España en 1829, el recurso a la violencia por parte de los realistas exaltados estaba apagado pero latente. Desde el principio fue consciente de que debía forjar en torno suyo algún tipo de alianza política y cortesana. En principio, su aliada natural era su hermana, la infanta Luisa Carlota, casada en un nuevo alarde de endogamia borbónica con otro hermano del rey, el infante don Francisco. Desde su llegada a la Corte, con apenas dieciséis años, la mayor de las hermanas napolitanas había demostrado tener mucho carácter y no estar dispuesta a ocupar un lugar anodino y subordinado entre sus cuñadas portuguesas. Los enfrentamientos con ellas eran tan legendarios como los continuos devaneos amorosos de Luisa Carlota y las bromas pesadas con que atormentaba a su desgraciado marido. Francisco de Paula, por su parte, también tenía sus peculiaridades. De él se decía que había estado casado en secreto con una plebeya, que tenía al menos un hijo ilegítimo, que era masón y que durante el Trienio Liberal había demostrado ciertas simpatías por los liberales, o que, al menos, había hecho alarde de ellas en previsión de que Fernando VII fuese derrocado y se buscase un rey más proclive a aceptar el constitucionalismo[4].

Quizás fueron la influencia y la fama de su hermana y de su cuñado las que hicieron abrigar esperanzas de que la nueva reina tendría un talante más abierto que el de sus predecesoras y, por supuesto, que el de don Carlos y sus partidarios. Ella no hizo nada por desmentirlo. En todo caso, cumplió su cometido de asegurar la descendencia a Fernando VII en un plazo de brevedad difícil de superar. A los cinco meses de celebrarse el matrimonio real, se anunció que la reina estaba embarazada de cuatro meses.

Inmediatamente después, el 3 de abril de 1830, el rey hizo publicar la Pragmática Sanción que abolía la Ley Sálica por la cual, desde la llegada de los Borbones al trono de España en 1713, se excluía a las mujeres de la posibilidad de heredar directamente el trono. Con esta medida, Fernando VII recuperaba un acuerdo de las Cortes españolas de 1789, que no había sido jamás sancionado y promulgado, y además cortaba de raíz las pretensiones de su hermano de acceder al trono. La medida se demostró previsora, porque el triunfo de María Cristina no fue completo. El 10 de octubre de 1830 dio a luz a «un heredero, aunque hembra» como definieron a la recién nacida los comentaristas de la época[5].

La infanta Isabel Luisa llegó al mundo en una Corte donde la espesa red de consanguinidad que unía a la familia real no era menor que la tupida maraña de intrigas que la dividía. Llegó también al mundo en un país donde los liberales llevaban más de veinte años pugnando por vencer la resistencia del absolutismo representado por Fernando VII y, al extremo, por su hermano don Carlos. Mientras la opinión liberal se mantenía a la expectativa, los partidarios del Infante hicieron todo lo posible durante el embarazo de la reina para que las Cortes «hermanas» de Nápoles y Francia forzasen a Fernando VII a reconsiderar su decisión de permitir que reinase una mujer, por muy hija suya que fuese. Sin embargo, para cuando aquella hija nació, la revolución francesa de 1830 había despejado mucho el horizonte. La subida al trono de Luis Felipe de Orleans canceló las presiones diplomáticas y familiares, al menos por parte de Francia, y abrió el camino para que la sucesión femenina del reino de España pudiese materializarse, lo que de paso consolidó a María Cristina en Palacio como la madre de la sucesora directa a la Corona[6].

De forma un tanto paradójica, teniendo en cuenta la orientación política de la corte napolitana, fue precisamente el encargado de negocios de aquel país, Ferdinando de Luchesi, quien se convirtió en aquellos primeros meses en el confidente y valedor máximo de la reina. En una serie de informes reservados aconsejó a María Cristina que utilizase toda su influencia con el rey para impedir el avance de «los apostólicos». Era importante, además, que no se traicionase ante ellos mostrando su decepción por haber dado a luz a una niña: «el ser venida al mundo una Princesa debe ser entendido como un hecho indiferente, de aquí a un año puede venir un Príncipe; si no se tiene esta conducta, ¿quién podrá responder de la locura de don Carlos y de sus secuaces? En estos momentos V. M. hable claro y con firmeza y tenga en cuenta que una Madre tiene más derecho a hacerlo que una simple Mujer. V. M. no tema comprometerse […] Quede V. M. tranquila que nada escapará a mi vigilancia». Poco después, en respuesta al encargo de María Cristina de que tantease la opinión pública y de la Corte, Luchesi le aseguraba: «V. M. puede estar persuadida de que, aunque haya nacido una Princesa, el entusiasmo es general y todos quieren ponerse a la sombra de la Bandera de V. M. Excepto algunos ambiciosos carlistas, la Nación se declara abiertamente por la reina y su directa Prole». El mismo Luchesi le aseguró que los liberales, dados su precaria situación y el temor a don Carlos, apoyaban los derechos sucesorios de la infanta Isabel. María Cristina debía, a su juicio, utilizar el capital político que le otorgaban las esperanzas concebidas en torno a ella y al nacimiento de su hija. La reina no podía, ni debía, comprometerse con nadie, pero podía enviar señales a sus posibles partidarios, como, por ejemplo, aconsejar al rey un indulto con motivo del nacimiento de la Infanta «para aumentar la fuerza moral del partido de V. M.»[7].

La labor de Luchesi no cayó en saco roto y María Cristina comenzó a interesarse a partir de entonces en la política diaria. Buscó y obtuvo información reservada, y más o menos fidedigna, sobre las idas y venidas de los liberales, lo que discutían entre ellos, sus personalidades más destacadas y sus divisiones internas. Poco a poco, comenzó a proyectar una imagen (opaca como todo lo que procedía de la Corte, pero no por ello menos eficaz) que la identificaba con la resistencia a los ultraapostólicos y la mostraba partidaria de un programa de moderación y reformas dentro del absolutismo. Aquella imagen adquiría verosimilitud ante el odio feroz que abiertamente le mostraban los pronto denominados «carlistas», cada vez más agitados tras el nacimiento, el 30 de enero de 1832, de otra princesa, la infanta Luisa Fernanda. La actitud de Luchesi y los efectos que tenía en la reina le valieron la destitución ante la firme postura napolitana de no reconocer la Pragmática, cuya derogación se convirtió en el más firme objetivo de su sucesor, el barón de Antonini[8].

La ocasión para lograrlo pareció llegar cuando, a mediados de septiembre de 1832, estando la Corte en el palacio de La Granja, la salud de Fernando VII empeoró de forma tan alarmante que la mañana del 14 de septiembre se consideró inminente su fallecimiento. A pesar de los intentos de ciertos historiadores, cercanos a las posiciones carlistas, de minimizar la actuación de los diplomáticos procedentes de las cortes absolutistas, la documentación existente al respecto deja pocas dudas respecto a las presiones que éstos ejercieron para lograr que se anulase la Pragmática aprovechando la enfermedad del Rey[9]. Entre ellos, la voz cantante la llevó Antonini, quien congregó en torno suyo al embajador de Cerdeña, Solaro, y al de Austria, Brunetti, junto con el confesor de la reina y dos ministros de peso dentro del gabinete: el conde de Alcudia, ministro de Estado, y Tadeo Calomarde, ministro de Gracia y Justicia.

Los llamados «sucesos de La Granja» han suscitado múltiples interpretaciones que siguen de cerca las diversas opciones políticas contemporáneas implicadas en ellos. La propia reina María Cristina escribió de su puño y letra una relación de aquellos acontecimientos «según los supo y recordaba» añadiendo al pie, antes de la firma, «esto lo escribo para que mis hijas tengan noticia de ello». El carácter autoexculpatorio del documento es evidente. La reina se presenta a sí misma como alguien atrapado en una urdimbre de intrigas y de consejos contradictorios, sinceramente alarmada ante la posibilidad de que, «según me lo hacían conocer, iba a haber indudablemente guerra civil, y queriendo el bien de la Nación, que es todo mi anhelo, viéndola según me dijeron dividida en partidos, el de Carlos muy fuerte, el de los liberales que siempre se echarían al lado más débil». En esa tesitura, imbuida sólo por su deseo de evitar que se derramase sangre, «el amor que tengo a esta nación y el deseo de verla tranquila y feliz fue lo que me hizo tomar el ejemplo de la muger, cuyo hijo quería Salomón hacer partir, y que ella gritó: no partir, no matarle, más vale dárselo a la otra entero»[10].

De acuerdo con el relato de la reina, Antonini y el conde de Alcudia fueron los más activos en incrementar su angustia, y su sensación de vulnerabilidad durante aquellos días en que parecía que el rey se moría. Las noticias sobre conspiraciones entre la Guardia Real y de graves movimientos en las provincias, se sucedían sin interrupción y fue el propio Antonini el que, secundado por Alcudia, le aconsejó que lograse del rey un decreto que la autorizase a despachar con los ministros, tomando «consejo con personas sabias [es decir, con Carlos]; ellos decían que así, viendo todos que Carlos iba acorde conmigo, se calmarían los partidos. Alcudia y yo se lo dijimos a Fernando, y éste firmó como pudo el decreto […] Bien se conocía que lo que querían era que Carlos fuese el que gobernase, porque me dijo Antonini que, a todo lo que proponía Alcudia, yo preguntase a Carlos lo que le parecía y que su dictamen fuese el que se siguiese»[11].

La maniobra era casi perfecta: acobardada, la reina colaboraría en demostrar al país que el infante don Carlos era el único capaz de hacerse cargo de la situación en aquellos momentos. Más aún, sería la propia reina quien firmase su sentencia de muerte como posible Regente y quien crearía las condiciones para arrebatarle el trono a su hija. En la noche del 18 de septiembre, sintiéndose sola y abandonada, acabó cediendo a las instancias de Antonini y Alcudia, que le urgieron a que lograse del rey un decreto que anulara la Pragmática, bajo la promesa de que se mantendría en secreto hasta «que Fernando muriese, porque en otro caso se podría pensar de otra manera»[12]. El ministro Calomarde fue quien preparó el decreto. Al día siguiente, Antonini le preguntó a María Cristina si pensaba abandonar España cuando el rey muriese. La reina, dando muestras de la astucia que la caracterizaría siempre, contestó: «Según las circunstancias»[13].

En todo caso, la suerte parecía echada. De haber muerto Fernando VII en aquellos días, no hay duda de que, con o sin guerra civil, el infante don Carlos hubiese subido al trono. Sin embargo, la mejoría del rey comenzó a ser evidente desde finales de septiembre y, coincidiendo con ella, llegaron a la Corte, procedentes de Andalucía, la infanta Luisa Carlota y su marido. Las versiones más tópicas sobre los sucesos de La Granja atribuyen a la enérgica Infanta una acalorada discusión con Calomarde que acabó con un par de sonoras bofetadas contestadas con el famoso: «Señora, manos blancas no ofenden». Sin embargo, su protagonismo en lo que sucedió a continuación no debió de ser tan decisivo.

Como todos en la Corte, Luisa Carlota estaba esperando acontecimientos e inicialmente tampoco se atrevió a decantarse en ningún sentido definido. El anónimo autor de un informe reservado sobre la Infanta ofrece una versión menos heroica de su actuación:

Si algún mérito tubo el tal viaje fue el de la viveza de las mulas Españolas que corren mucho y son muy sufridas, pues en cuanto a lo demás, nada tiene de particular que un pariente corra a la noticia de inmediato peligro de un miembro de su familia; más creer o querer hacerlo creer que SS. AA. influyeron en la más mínima cosa en el restablecimiento del Rey, única cosa que nos salvó en aquellas críticas circunstancias, es el supino de la necedad. El restablecimiento del Rey, y solo el restablecimiento, varió el aspecto de la crisis que nos amenazaba. SS. AA. llegaron a La Granja y no hicieron más que abrazar a la Reyna y dolerse con ella de la situación del Rey, irse a su cuarto y acostarse después de haber visitado a Don Carlos con cara de risa, cosa que nunca habían hecho […] ¿Y cuándo fue cuando abrió la voca la Infanta Doña Luisa Carlota? Cuando ya el Rey mejorado no tenía ni veía el peligro de que las Portuguesas pudieran hacerla sufrir los insultos y desaires que ella les había hecho. Entonces fue cuando, encontrándose un día a Calomarde que salía del cuarto del Rey, lo insultó de modo y forma que lo había hecho el año 24, sin más diferencia que no haberle levantado la mano esta segunda vez. Si este hecho merece el nombre de Heróico, y a sus consecuencias el que devamos la libertad los Españoles, dígalo el orbe entero

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