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LA DESTRUCCIóN DE LA DEMOCRACIA EN ESPAñA

Paul Preston  

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Fragmento

Testimonio de gratitud

Mientras preparaba la primera edición de este libro, viví en España durante más de tres años e hice muchas visitas cortas posteriores. No es de sorprender que, dada la cordialidad de los españoles en general, contrajera una serie de deudas de gratitud por las que una vez más quisiera expresar mi agradecimiento.

Muchas horas de conversación con dos participantes en los acontecimientos que aquí se describen me ayudaron a comprender la brutalidad cotidiana de la vida rural española en los años treinta. Miguel González Inestal fue uno de los mayores expertos del movimiento libertario en cuestiones agrarias. Ignacio Arenillas de Chaves, marqués de Gracia Real, fue un terrateniente monárquico de Salamanca que intervino activamente en Acción Popular y en la Comunión Tradicionalista. Tras la Guerra Civil, su experiencia como abogado defensor en el proceso de Julián Besteiro junto con la negativa de Franco a restaurar la monarquía le inclinaron a adoptar una posición crítica sobre el papel de la derecha durante los años treinta. Ambos fueron más generosos en tiempo y en información de lo que un joven y desconocido historiador extranjero podía haber esperado.

Dos amigos, y a la vez estudiosos de estas materias, me ayudaron a no ver España con la mirada de un inglés. Durante muchos años, Jerónimo Gonzalo me ha prodigado ideas, hospitalidad y amistad. Joaquín Romero Maura ha profundizado mi sentido de la historia española y me ha enseñado mucho sobre la investigación en general. Sin querer implicarles como cómplices de los defectos de este libro, quiero reiterarles mi agradecimiento por su contribución a él.

Norman Cooper, Frances Lannon y Martin Blinkhorn se tomaron un trabajo considerable leyendo y comentando el texto de la primera edición. Christopher Seton-Watson supervisó con inagotable paciencia la tesis doctoral en la que se basa este libro. Hugh Thomas me mostró una gran amabilidad con libros y con asesoramiento cuando comencé mi investigación. El fallecido Herbert R. Southworth durante muchos años puso a mi disposición con gran generosidad los incomparables recursos de su biblioteca y de sus conocimientos de la derecha española. También me he servido de las sugerencias y las críticas de los siguientes amigos y colegas: el fallecido Edward A. Bayne, Juan José Castillo, Elías Díaz, Juan Pablo Fusi, Juan García Durán, Gabriel Jackson, Joe Harrison, Alistair Hennessy, el fallecido James Joll, Victor Kiernan, Edward Malefakis, José Ramón Montero Gibert, Eduardo Sevilla Guzmán y Ángel Viñas.

Desde la publicación de la primera edición he sacado un gran provecho del contacto con muchos de los historiadores españoles que están trabajando en este periodo, especialmente José Manuel Macarro Vera en Sevilla, Salvador Forner en Alicante, Francisco Moreno Gómez en Córdoba y Julio Aróstegui en Madrid. También tengo una gran deuda intelectual con Santos Juliá, responsable de algunos de los más importantes avances de la historia de la izquierda durante la Segunda República. He tenido la mayor satisfacción y he sacado buen provecho de la continua colaboración con mis amigos Julián Casanova de Zaragoza, Enrique Moradiellos de Oviedo e Ismael Saz de Valencia, primero durante el tiempo que permanecieron como investigadores en Londres y después en España. Entre el grupo creciente de especialistas británicos sobre España que han influido en mi pensamiento a través de sus trabajos y que me han animado a continuar con el mío, querría mostrar mi agradecimiento a Helen Graham, Sheelagh Ellwood, Paul Heywood, Adrian Shubert y Nigel Townson.

Si no hubiera sido por el amable empuje del profesor Robert F. Lesley cuando yo acababa de ser nombrado agregado del Queen Mary College, puede que este estudio no hubiera visto nunca la luz. Sin embargo, lo hizo con la mejor intención y ni él ni ninguno de los citados anteriormente son responsables de los juicios o de los errores contenidos aquí.

Glosario de siglas

ACNP: Asociación Católica Nacional de Propagandistas, organización de élite de prominentes católicos de derechas, con influencia en la prensa, la judicatura y los círculos profesionales, vinculada a Acción Católica.

ASM: Agrupación Socialista Madrileña, sección del PSOE en Madrid, un baluarte de la izquierda socialista.

BOC: Bloc Obrer i Camperol, de tendencia trotskista, liderado por Joaquín Maurín, que se unió al POUM en 1935.

CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas, agrupación política de la derecha legalista.

CMI: Círculo Monárquico Independiente, organización monárquica cuya aparición en mayo de 1931 desencadenó la quema de iglesias en el país.

CNCA: Confederación Nacional Católico-Agraria, organización del campesinado minifundista católico en el norte y centro de España, que constituyó la base de la CEDA.

CNT: Confederación Nacional del Trabajo, anarcosindicalista.

DRV: Derecha Regional Valenciana, liderada por Luis Lucia Lucia, sección valenciana de la CEDA.

FAI: Federación Anarquista Ibérica, vanguardia insurreccional del movimiento anarquista.

FJS: Federación de Juventudes Socialistas, movimiento de juventudes del PSOE, que se fusionó con las juventudes comunistas en abril de 1936 para formar las JSU.

FNTT: Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, sindicato de trabajadores de la tierra de la UGT.

JAP: Juventud de Acción Popular, milicias uniformadas de las juventudes de la CEDA.

JSU: Juventudes Socialistas Unificadas, colectivo de las juventudes socialistas y comunistas.

PCE: Partido Comunista de España.

POUM: Partido Obrero de Unificación Marxista, grupo de disidentes comunistas del BOC y de la Izquierda Comunista, que unieron sus fuerzas a finales de 1935 para crear una alternativa revolucionaria al PSOE y el PCE.

PSOE: Partido Socialista Obrero Español.

SOMA: Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias, afiliado a la UGT.

UGT: Unión General de Trabajadores, organización sindical del movimiento socialista.

Prólogo

La salida de España de Alfonso XIII estuvo acompañada por una explosión de alegría popular y una expectación excesiva de que el nuevo régimen pudiera remediar las injusticias y deficiencias políticas tanto de la monarquía como de la dictadura del general Primo de Rivera. La victoriosa coalición republicana socialista se proponía emprender una serie de reformas sociales y construir una España moderna, libre de las influencias reaccionarias de la Iglesia católica y de las Fuerzas Armadas. La debilidad central de la República estribaba precisamente en el hecho de que se planteara un abanico tan amplio de reformas en un momento de grave crisis económica. Por tanto, la República comenzó su vida con una coalición gubernamental dispar que había asumido la tarea de destruir la influencia reaccionaria de la Iglesia y el ejército, crear relaciones laborales más equitativas, acabar con los poderes casi feudales de los latifundistas y satisfacer las demandas autonómicas de los regionalistas vascos y catalanes.

Una de las consecuencias de la anulación de la Constitución de 1876 por la dictadura de Primo de Rivera fue la desaparición de los partidos Conservador y Liberal. Por tanto, a la llegada de la República, la derecha se encontró temporalmente carente de organizaciones políticas eficaces. En cierto sentido, la clase alta y numerosos sectores de la clase media tuvieron que admitir el exilio de Alfonso XIII porque no tenían otra alternativa aunque sí acariciaron la esperanza de que, sacrificando un rey y tolerando un presidente, podrían evitar mayores desgracias en términos de reformas sociales y económicas. Aunque el advenimiento de la República significó que por primera vez el poder político hubiera pasado de la oligarquía a las izquierdas moderadas, la clase conservadora todavía tenía otros instrumentos para proteger sus privilegios. Para obstaculizar el proyecto reformista republicano socialista dispondría del poder económico, la propiedad de los bancos, de la industria y de la tierra, y del poder social, el control de los medios de comunicación, la prensa y la radio, el sistema de enseñanza, que en gran parte era privado. Además, los amos del poder social y económico disponían del poder persuasorio de la Iglesia y el monopolio de la violencia en manos del ejército y la Guardia Civil en su determinación de impedir cualquier ataque contra la propiedad, la religión o la unidad nacional. En este sentido, las semillas de la guerra estaban ya presentes en las esperanzas de la izquierda y en el miedo y el resentimiento de los elementos de la derecha amenazados.

Las esperanzas de los socialistas eran relativamente moderadas. Los líderes de la UGT y del PSOE sabían que la implantación del socialismo era un sueño lejano y buscaban simplemente una mejora de las condiciones de vida de los braceros del sur, los mineros asturianos y otros sectores de la clase obrera industrial. Su moderación sería vana porque los grandes latifundistas y propietarios de las minas consideraban cualquier intento de reforma como una agresión intolerable contra el reparto existente del poder social y económico. Sin embargo, en los primeros dos años de la República, antes de darse cuenta de que estaban atrapados entre las exigencias de las masas impacientes y la tenaz hostilidad de la derecha ante cualquier tipo de reforma, los socialistas colaboraron con la República en un espíritu de autosacrificio y optimismo.

El compromiso de la República de mejorar las condiciones de vida de los más pobres implicaba una importante redistribución de la riqueza. En medio de una depresión económica mundial, los aumentos salariales y el coste de mejores condiciones de trabajo no podían ser simplemente compensados por mayores beneficios. De hecho, en una economía en proceso de contracción, las reformas humanitarias parecían desafíos revolucionarios al orden económico establecido. En las provincias latifundistas del sur, los terratenientes no solo hicieron caso omiso de la nueva legislación reformista, también empleaban guardas armadas para intimidar a los obreros que protestaban. Además, tanto a nivel nacional como en provincias, las poderosas redes de prensa y canales de radio de la derecha empezaron a presentar a la República como responsable de los problemas de la economía española y de las respuestas a veces violentas de las masas frustradas por la falta de cambio social.

En este conflicto y en la manera en que fue interpretado y tergiversado por la derecha se encuentran las semillas de la destrucción de la democracia entre 1931 y 1936. Reconozco que la Guerra Civil española no fue una, sino varias guerras. Lo que intenta demostrar este libro es que el conflicto social y sobre todo el agrario —endémico desde hacía siglos y que se hizo crónico durante la Segunda República— debe verse como el más decisivo de los diversos enfrentamientos dentro de la guerra civil que estalló en 1936. Esto no significa que se pueden descartar otros conflictos entre católicos y anticlericales, entre regionalistas y centralistas —especialmente militares— o entre obreros y patronos industriales. La compleja interacción de intereses religiosos, ideológicos y económicos no se puede reducir a una sola fuerza motora. Es evidente que los carlistas navarros o los nacionalistas vascos se vieron obligados a aferrarse a las posturas que adoptaron por motivos distintos del antagonismo social de Andalucía y Extremadura. Con todo, ningún enfrentamiento social o ideológico de los años treinta puede compararse en amplitud o alcance con el problema agrario.

Los dos mayores partidos de masas de la Segunda República —el Partido Socialista Obrero Español y la católica y autoritaria Confederación Española de Derechas Autónomas— encontraron suficiente apoyo electoral en el campesinado: el PSOE entre los braceros sin tierras del sur y la CEDA entre los pequeños terratenientes del centro y del norte. Ambos partidos canalizaron los conflictos agrarios de estas zonas hasta convertirlos en una cuestión de política nacional, cuyo efecto polarizador iba a rebasar con mucho sus propios confines regionales. Concretamente, las penalidades de los braceros del sur repercutieron en la escena política de ámbito nacional de dos maneras principales. La intransigencia de los terratenientes llevó al campesinado de Andalucía y Extremadura a un estado de desesperación, que los anarquistas transformaron en desórdenes y agitaciones. Para los braceros que eran leales al movimiento socialista y mantenían su disciplina, la frustración ante el entorpecimiento de la reforma agraria por parte de la derecha se transformó en desencanto por el reformismo moderado del PSOE. Por consiguiente, la presión de los militantes rurales del sur sirvió de acicate al apremio para radicalizar el partido que encabezaban los socialistas de Madrid. Tanto las espontáneas explosiones de desesperación de los anarquistas como el deseo de minar la moderación socialista tuvieron efectos trascendentales en la política republicana, afianzando la belicosidad derechista contra un régimen que toleraba esos desmanes y privando a la República del apoyo de sus puntales más leales.

Aparte de la explotación propagandística generalizada del desorden social en el sur para avivar el temor de la clase media por la República, el conflicto agrario de Andalucía y Extremadura se tradujo, en términos concretos, en una mayor militancia de la CEDA y de sus organizaciones filiales. Esto no se debía a que las aspiraciones de los jornaleros sin tierras amenazaran directamente los intereses de los pequeños propietarios, aunque las exigencias de jornales dignos perjudicaran tanto a los pequeños patronos ocasionales y a los grandes terratenientes. Era más bien que los grandes terratenientes —castellanos o andaluces— que dominaban la CEDA estaban convencidos de que su función política no era la defensa de los intereses de su electorado sino la de sus partidarios más poderosos. Como el sur era la región de donde provenía el reto más acuciante, aunque en modo alguno exclusivamente, las energías políticas y propagandísticas de la CEDA se desplegaron primordialmente para bloquear el impulso de la reforma agraria que emanaba del sur. Entre 1931 y 1933, las tácticas de Gil Robles se plasmaron en la creación e instrumentalización de una base de masas entre el pequeño campesinado propietario católico, la obstrucción en el Parlamento de todo esfuerzo conducente a una reforma agraria y la defensa de la violencia utilizada por los grandes terratenientes a escala regional. A partir de 1933, se dirigieron a la destrucción legal de la legislación agraria social de la coalición republicana socialista y a la aniquilación de los sindicatos rurales. Después de las elecciones de 1936, desafiando la defensa legal de los intereses agrarios de la derecha, los hacendados dominantes de la CEDA abandonaron todo legalismo y volvieron su mirada a los militares para su protección.

Me ha alegrado sobremanera que la editorial Debate haya decidido publicar esta tercera edición de lo que fue mi primer libro, basado en mi tesis doctoral que fue presentada en la Universidad de Oxford un par de años antes. Ni la tesis original ni el libro basado en ella tenían la pretensión de ser una historia completa de los años de la Segunda República hasta el comienzo de la guerra civil. De hecho, el tema central del libro es simplemente el proceso a través del cual se traducían en conflicto político nacional los intentos del movimiento socialista de introducir reformas y la determinación de los propietarios e industriales de impedirlos. Esto significaba que el libro se centrara en la confrontación de dos grandes fuerzas parlamentarias que representaban ambas fuerzas sociales, el Partido Socialista y la Confederación Española de Derechas Autónomas. Cuando las confrontaciones sociales no se podrían solucionar dentro del ámbito parlamentario, se manifestaba en desórdenes sociales en los campos y en las calles y en los esfuerzos militares de acabar con la República.

Creo que el valor del libro estriba precisamente en lo que sigo considerando el tema crucial en la destrucción de la democracia: el fracaso de las posibilidades de paz como consecuencia de varios factores. Este fracaso tenía muchos elementos. Aquí se examinan dos de los más cruciales: los éxitos de José María Gil Robles en sofocar el espíritu reformista de la República y los errores estratégicos cometidos por algunos líderes del Partido Socialista, sobre todo por Francisco Largo Caballero.

Por tanto, aunque se tocan tangencialmente, hay temas que no se tratan a fondo en el libro. La omisión más notable para el lector que añorase una historia general del periodo es el movimiento anarquista. Evidentemente, el libro trata de las dificultades que suponía para la República y para el movimiento socialista la hostilidad hacia ambos de la CNT-FAI en términos de insurrecciones que la derecha pudo achacar a la supuesta anarquía de la República. Tampoco se centra el libro en las actividades conspirativas de la llamada derecha catastrofista, desde los monárquicos partidarios de Alfonso XIII y los Carlistas hasta la Falange, actividades que desembocaron en el golpe militar de julio de 1936. Estos temas los he tratado con más detalle en El holocausto español.

Desde la publicación de la última edición del libro en 2001, ha habido un flujo constante de aportaciones sobre diferentes aspectos de la Segunda República. Esta edición contiene una bibliografía ampliada que refleja el trabajo masivo de los historiadores en las últimas dos décadas. La intención más fre

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