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NO A LA IMPUNIDAD

Baltasar Garzón  

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Fragmento

Prefacio

Baltasar Garzón ocupa ya un lugar destacado en la historia contemporánea de la Justicia y en especial en la de la lucha por los derechos humanos. No tengo duda en afirmar que él es el más notable magistrado a escala mundial de la segunda mitad del siglo XX. Este libro es una elocuente demostración de su labor global en defensa de las víctimas de las barbaridades y atrocidades en un mundo de impunidades éticamente repugnantes. Setenta años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la hipocresía de los poderosos, la política de promoción activa de la pérdida de la memoria, con la complicidad de los grandes medios de comunicación y la consecuente apatía de los ciudadanos, siguen permitiendo que tanta injusticia quede impune.

Incapaz de resignarse frente a esta lamentable realidad, Garzón ha dedicado toda su vida a luchar contra la impunidad, sin amilanarse frente a los poderes políticos y económicos que la generan. Ha puesto su impecable preparación técnica y sus impresionantes coraje y disposición al servicio de la defensa de los derechos que poseen las víctimas de los más graves atropellos a la legalidad y a la dignidad humana, aun a costa de un elevado sacrificio personal, ya que ciertamente su causa es impopular para los poderes legales y fácticos de muchos países. Este libro es un ejemplo bastante revelador de lo que he llamado en mi trabajo epistemológico «la razón caliente», aquella rara capacidad para combinar la argumentación jurídica impecable con el sentimiento de repulsa hacia la impunidad de los poderosos y, a la vez, de solidaridad con las víctimas. Precisamente, este es el libro de un hombre de derecho que hace de su estudio un instrumento de lucha contra la injusticia y la impunidad, y que al mismo tiempo acoge y pretende confortar a las víctimas.

Como antes lo fueran los derechos humanos, y en buena medida todavía lo son, la jurisdicción universal es sin duda un asunto controvertido. Contradice los principios clásicos de soberanía de los estados y la competencia territorial de sus sistemas de justicia. Presenta además numerosos desafíos incluso para los juristas más avezados, ya que implica la aplicación simultánea del derecho nacional y del internacional, cuya combinación coherente es muchas veces problemática, y tiene también que lidiar con leyes que, a pesar de ser formalmente válidas, persiguen favorecer la impunidad de los crímenes, como lo son las leyes de amnistía, Obediencia Debida y Punto Final, entre otras. Pero, por encima de todo, la jurisdicción universal se enfrenta a la peor de las maldiciones, la selectividad, el mayor de los dilemas, quizá más bien una aporía, pues estamos todavía muy lejos de que la Justicia sea en la práctica verdaderamente universal.

A pesar de todas estas dificultades, la gran fortaleza de la jurisdicción universal consiste en ser el instrumento que mejor simboliza la clara vertiente emancipadora de la trayectoria emprendida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyos setenta años acabamos de celebrar. Más que cualquier otro instrumento jurídico, la jurisdicción universal reconoce el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, y proclama que todo ello forma parte de las obligaciones del cualquier Estado, no sólo de aquel en el que ocurrieron los hechos, sino de todo Estado que pretenda ser democrático, para con las víctimas de unos crímenes horribles independientemente del lugar y del tiempo en que hayan sido cometidos.

No es de extrañar que los poderes políticos hayan sido en general hostiles a la idea de la jurisdicción universal, no sólo cuando han sido ellos mismos los que han cometido los crímenes, sino también cuando éstos han sido perpetrados por otros países con los que tienen intereses políticos y económicos comunes, privando sin miramientos a la sociedad en su conjunto de su derecho a la verdad, a la justicia y a la memoria, a pesar de que desde hace tiempo sabemos que «un país sin memoria es un país sin futuro».

Tal y como se presenta el panorama actual de las relaciones internacionales, en que la rivalidad entre países se agrava cada vez más, especialmente entre Estados Unidos y China, es probable que la vida y vigencia de la jurisdicción universal sea todavía más difícil y turbulenta en las próximas décadas. Esta realidad evidencia aún más la especial importancia de este libro, sin duda único en el mundo, tanto por la forma en que se trata este tema como porque es también el fruto de la experiencia vivida por su autor.

Esta obra de Baltasar Garzón no es solamente un libro importante, innovador y oportuno, sino también el fiel testimonio de lo que debe ser una verdadera lucha por el derecho, un ejercicio de ciudadanía activa, humanitaria y democrática, sin muchos paralelos en nuestro tiempo. La incansable actividad de Garzón ennoblece el sistema judicial en su totalidad y, si éste ha sido tan ingrato para con uno de sus miembros más ilustres, nos revela lo mucho que todavía ha de hacerse para democratizar la Justicia e impregnarla de la filosofía de los derechos humanos. Si el mundo valorase la jurisdicción universal tanto como Baltasar Garzón, no sería sorprendente que le fuera concedido el Premio Nobel de la Paz. Lo merecería totalmente, más que muchos que lo han recibido en tiempos recientes.

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

Coímbra, 31 de octubre de 2018

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La Justicia frente al terror de la dictadura cívico-militar argentina

A pesar del frío, el 14 de enero de 2005 es un día agradable en los alrededores de la plaza Villa de París de la ciudad de Madrid. La sala de juicios está llena: mujeres con pañuelos blancos anudados a la cabeza, hombres con gesto adusto y jóvenes letrados esperan la constitución del tribunal. Todos atentos a lo que va a suceder.

La primera que toma asiento en estrados es la fiscal Dolores Delgado, en quien se percibe el nerviosismo que caracteriza a los que son conscientes del momento histórico que viven y de la trascendencia de sus actos. Sabe que se enfrenta a un gran desafío, uno que quizá marcará su carrera. Se enfrenta al primer juicio por delitos de genocidio, terrorismo y tortura que se celebra en España. Apenas lleva cuatro meses en el caso, desde que el nuevo fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, le encargara que lo asumiera apoyando las tesis de la acusación y abandonando la postura obstruccionista que hasta ese momento había adoptado el Ministerio Fiscal.

Las abogadas y abogados de la acusación particular, que representan a las víctimas, y los que ejercitan la acusación popular en representación de todo el pueblo, un pueblo universal hermanado por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar que siguió al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina, son también conscientes de la importancia de lo que está a punto de suceder. Después de haber luchado y trabajado con firmeza desde el principio de la causa, incoada al inicio de la primavera de 1996, cuando admití a trámite la denuncia de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), les corresponde a ellos dar comienzo al juicio pues, aunque se ha dado orden de cambiar la calificación, en este momento el Ministerio Fiscal mantiene una posición absolutoria. La fiscal tendrá que esperar a que intervengan todos para escenificar el cambio de postura y sumarse a las acusaciones.

Las víctimas están atentas a todo lo que sucede: gracias a ellas se ha podido llegar hasta aquí. Cierto es que el juicio tiene lugar a miles de kilómetros de su tierra, pero también aquí, en España, ha habido víctimas, y sigue habiéndolas en todo el mundo. Son víctimas de ayer pero también de hoy, porque esta clase de delitos son permanentes, imprescriptibles y conciernen a todo el género humano. Ahí radica la grandeza de la jurisdicción universal. Es la compensación legítima que los legisladores ofrecen a las víctimas y a todos nosotros al hacer frente a la impunidad, aunque no siempre ha sido así. Por ejemplo, cuando en Argentina se adoptaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, o cuando España se mostró sumisa a intereses económicos, políticos o diplomáticos y volvió la espalda a quienes sufrieron la represión cruel de los perpetradores. Pero eso vendrá más tarde.

Ahora, en enero de 2005, los tres magistrados que forman el Tribunal de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hacen su entrada con gesto decidido. El público se pone en pie, en señal de respeto. Los rituales judiciales son necesarios para solemnizar el acto mediante el cual la Justicia decidirá sobre la culpabilidad o inocencia de quien se enfrenta, en juicio oral y público, a sus presuntos crímenes. Estos tres jueces tienen en sus manos la difícil labor de juzgar los graves hechos que se imputan al acusado, presuntamente cometidos por él y por una serie de represores que, en nombre del pueblo argentino, habrían masacrado a ese mismo pueblo en un período concreto de su historia. Ha llegado la hora de rendir cuentas ante la Justicia, con todas las garantías, las mismas que ellos negaron a quienes secuestraron, mataron, torturaron o hicieron desaparecer.

Los jueces toman asiento. El presidente alza la voz: «Audiencia pública, que pase el acusado». El ponente, José Ricardo de Prada, mira por encima de sus gafas y siente un escalofrío. Han sido muchas horas estudiando la causa. Es consciente de su responsabilidad.

Adolfo Scilingo, el acusado, entra en la sala arrastrando los pies y con la cabeza gacha. Durante los últimos días ha intentado suspender el juicio, alegando estar enfermo y dejando claro, desde el primer momento, su negativa a participar en él. La posición procesal que mantuvo durante la instrucción ha cambiado radicalmente. De la colaboración inicial pasó a la negación y, más tarde, a la defensa de la represión. Como en muchos otros casos, los perpetradores se muestran incapaces de asumir que hay un momento en el que el verdadero valor radica en reconocer la traición a la patria y a quien le da sentido y contenido, el pueblo.

Se da inicio al juicio. Se informa al acusado de sus derechos y las acusaciones comienzan el interrogatorio. Las repuestas de Scilingo resultan estrambóticas e incoherentes. Frente a esta ignominia, este desprecio a las víctimas, no puedo sentir más que frustración. Me estremezco al escuchar las preguntas de las acusaciones. Veo a Carlos Slepoy, que tanto ha luchado durante la instrucción de esta causa, mirando severamente al acusado, que parece despreciar a aquellos que a su vez lo observan. Miro a los letrados Manuel Ollé, Jaime Sanz de Bremond, José Galán, Enrique Santiago, José Joaquín Puig de la Bellacasa, esperando que el valor que Scilingo mostró durante la instrucción del sumario reaparezca y comience a señalar a los máximos responsables de la represión y a describir los métodos de tortura, las actividades de los grupos de tareas, las «patotas». Pero en este momento decisivo Scilingo no habla, quién sabe si por cobardía o para mantener un silencio pactado en lo más profundo de las cloacas de la dictadura argentina. Sea como fuere, lo cierto es que en esta ocasión niega lo dicho en sus anteriores declaraciones, afirmando que se lo inventó todo.[1]

Después de varias sesiones, y según lo acordado con los abogados de la acusación, la fiscal Delgado se dirige al acusado con una firmeza glacial que transmite seguridad a las víctimas presentes en la sala. La tensión casi puede masticarse. Con la profesionalidad y las técnicas aprendidas tras cientos de interrogatorios en procesos contra el crimen organizado (también lo son estos que aquí se juzgan) y terrorismo, intenta abrir una brecha en la coraza de indiferencia del acusado. No lo conseguirá.

Es curioso, pero el cliché se reproduce en todos aquellos que han masacrado a inocentes. Casi nunca reconocen sus crímenes. Los disfrazan bajo grandes palabras y argumentaciones, pero en muy pocas ocasiones se les oye decir: «Sí los torturé... y los volví a torturar. Sí, los desaparecí arrojándolos al río». La cobardía ante la Justicia es su sello de identidad.

Adolfo Scilingo se enfrenta a varios cientos de años de prisión por los crímenes presuntamente cometidos cuando prestó servicios en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El recinto, un complejo de numerosos edificios que se extienden a lo largo de diecisiete hectáreas en Buenos Aires, se convirtió en el mayor y más mortífero centro clandestino de detención (CCD) de la dictadura. El 24 de marzo de 2004, Néstor Kirchner dispuso que se convirtiera en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.[2] Ese día, en el acto de firma del convenio para su creación, señaló: «Como presidente de la nación argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante veinte años de democracia por tantas atrocidades».[3] Según la fiscal argentina de la megacausa de la ESMA, Mercedes Soiza Reilly, se estima que unas cinco mil personas (no hay cifra exacta) fueron detenidas e ingresadas en ese infierno, de las cuales sólo entre trescientas y quinientas salieron con vida.

Mientras el juicio continúa recuerdo a los miles de víctimas y sus declaraciones en diferentes espacios y lugares: radio, televisión, ante la ONU y otros organismos internacionales, ante la Justicia. Algunos de los rostros reflejan el paso del tiempo a la vez que emanan un aura luminosa, que les da fuerza y que logran transmitir a quienes desean creer que la justicia existe. Ante el olvido sufrido durante décadas sólo eso les ha quedado. Hablar, contar una y otra vez su historia, recrearla incluso como justa compensación al dolor desmedido que soportaron y aún soportan.

Una nueva pregunta de la fiscal me devuelve al presente. Scilingo está acusado de haber participado en dos «vuelos de la muerte», durante los cuales murieron treinta personas. A pesar de haber reconocido ante mí su participación durante la instrucción del sumario, ahora rehúsa contestar. «Que se le lean sus manifestaciones ante el juez instructor», insiste la fiscal. Tras la lectura por parte del secretario, el acusado mantiene su actitud ausente. «¿No tiene nada que decir?», espeta la fiscal. Scilingo ni la mira. Mantiene un silencio despectivo, humillante para las víctimas.

LOS VUELOS DE LA MUERTE

Adolfo Francisco Scilingo Manzorro, capitán de corbeta en la base naval de Puerto Belgrano, Argentina, se incorporó a su nuevo destino, la Escuela de Mecánica de la Armada, poco antes de las navidades de 1976. La ESMA estaba originalmente destinada al aprendizaje, la preparación física y el entrenamiento en todos los ámbitos relevantes del servicio de la armada. Pero todo cambió con el golpe de Estado y el comienzo del llamado Proceso de Reorganización Nacional, el «Proceso», eufemismo con el que se denominó formalmente la dictadura militar argentina. Esta escuela con vocación de instruir a los defensores del pueblo argentino se convirtió en el centro de detención y tortura más grande del régimen. No fue el único. Hubo más de seiscientos repartidos por todo el país. Pero la ESMA se convirtió en lúgubre escaparate de lo que el ser humano es capaz de hacer.

Allí Scilingo ocupó los cargos de jefe de electricidad y más tarde de automoción. Sus tareas no se limitaron a las propias de su posición y se extendieron a otro cometido mucho más execrable: su participación en dos de los denominados «vuelos de la muerte». No eran vuelos regulares, aunque las comitivas que llevaban a los detenidos salían regularmente del recinto con un destino cierto: la desaparición de sus víctimas. Los vuelos formaban parte de un plan de exterminio sistemático, fríamente calculado, contra opositores políticos o sin filiación alguna pero cuyo estilo de vida y forma de pensar no encajaba dentro del nuevo orden instaurado por el «Proceso».

Los vuelos de la muerte, llamados eufemísticamente «traslados» por los represores, tenían una fase previa. Un grupo de oficiales integrado por el director de la ESMA, el jefe del grupo de tareas (GT), los jefes de Inteligencia, Operaciones y Logística y algunos otros oficiales[4] seleccionaban a los detenidos y confeccionaban la lista de aquellos que debían ser incluidos en el traslado semanal. El día señalado, los «pedros» (como se denominaba coloquialmente a los que portaban las llaves de las celdas) llamaban por su número a los elegidos, los sacaban de las «cuchas» (celdas) en las que se encontraban recluidos y los «verdes» (guardas) los conducían al sótano del casino de oficiales.[5] Allí un médico les aplicaba una inyección de pentotal para adormecerlos, tras lo cual se los cargaba en camiones y eran conducidos al sector militar del aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, donde los esperaban aviones militares.[6]

En junio de 1977 se asignó a Scilingo su primer vuelo. Se le ordenó presentarse en la ESMA vestido de civil a las cinco de la tarde. Dos horas después, le ordenaron bajar al sótano del casino de oficiales, donde se encontró con un grupo de unos veinticinco detenidos, que habían sufrido terribles tormentos. A los elegidos, lejos de revelarles su destino final, se les decía que iban a ser «trasladados» al sur de Argentina, donde pasarían a tener la condición de detenidos legales y ya no de desaparecidos, de modo que sus familias conocerían su paradero y hasta quizá podrían recibir visitas. La retahíla de falacias continuaba, añadiendo que, para evitar que enfermaran era conveniente preparar sus sistemas inmunológicos, por lo que un médico les inyectaría unas vacunas. Pero no eran vacunas sino pentotal («pentonaval» le llamaban sarcásticamente los propios militares), un fuerte tranquilizante que los adormecería e impediría que opusieran resistencia cuando se dieran cuenta de lo que realmente iba a suceder. Llenos de ilusión y ansiedad esperaban su turno para la inyección. Poco tiempo después ya no eran capaces de sostenerse por sí mismos. Scilingo, según indica la sentencia que lo condenó, contemplaba cómo perdían la energía hasta casi desvanecerse. Era entonces cuando los conducían al camión. Salían de la ESMA tras pasar semanas y semanas en cautiverio, encapuchados, recibiendo golpes, descargas eléctricas y trabajando como esclavos. Por fin salían de aquel infierno. Pero, a pesar del fuerte narcótico, les quedaba un ápice de consciencia para darse cuenta de que algo no iba bien. Nadie en la calle podía ver qué o quién había dentro de aquel vehículo, pues unas lonas cubrían los cristales. Ningún pariente que se cruzara por casualidad con aquel camión reconocería a un detenido ni gritaría hasta que se detuviera. Y así, semiinconscientes, eran conducidos al aeroparque. Allí los esperaba un pequeño avión Skyvan. Los agarraban uno a uno y como bultos los metían en el artefacto. Entonces el avión arrancaba el motor, tomaba posición en la pista y despegaba. En la aeronave viajaba también un médico, además de otros soldados. Él era el encargado de administrar una última dosis de calmante a los detenidos. Scilingo participó en dos de estos vuelos, uniéndose así a la ominosa lista de criminales contra la humanidad que participaron en este plan sistemático de exterminio. Según se estableció, el médico que iba en uno de estos vuelos no quiso presenciar lo que vendría a continuación y se refugió en la cabina. Su parte del trabajo estaba concluida. La de Scilingo y los demás soldados no había hecho más que comenzar. Uno a uno, desnudaban a cada detenido. Esta tarea era importante pues en las ocasiones en que se arrojó a los detenidos vestidos, cuando sus cadáveres aparecieron en las playas de Uruguay, sus documentos de identidad y las monedas argentinas en sus bolsillos ofrecían indicios de lo que estaba sucediendo en el país vecino.

Los detenidos, desnudos y casi inconscientes, eran incapaces de responder a estímulo alguno. Entonces, se abría la puerta trasera del avión y uno tras otro eran arrojados al río o al mar. Para no dejar rastro alguno, más tarde sus ropas se incineraban. Scilingo llegó a tirar hasta a trece individuos. En un momento determinado, perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer al vacío, pero otro miembro de la tripulación lo sujetó y lo salvó. Tras el vuelo, los militares retomaban su rutina, se reportaban y volvían a la ESMA, donde, de nuevo, cargaban a otras víctimas y las «trasladaban» hacia un destino sin retorno. Mes y medio más tarde, Scilingo participó en otro vuelo.

La estrategia estaba cuidadosamente diseñada para que nunca se supiera cuál había sido el destino de los desaparecidos. Sin embargo, la verdad saldría a flote, de lo que se encargarían las propias aguas del Río de la Plata, como si no quisieran ser cómplices de esta macabra maquinaria de exterminio. En algunas ocasiones la marea arrastró los cuerpos inertes de las víctimas a la orilla uruguaya del estuario. De acuerdo con el Equipo Argentino de Antropología Forense, todos los cuerpos arrojados desde los aparatos tenían múltiples fracturas. Caer al agua desde esa altura es como hacerlo sobre cemento armado. Por algo les llamaban los «vuelos de la muerte». Una vez en el avión no había escapatoria. Ninguna de las víctimas de estos miles de vuelos pudo testimoniar en juicio alguno, porque nadie se salvó, a excepción de Adolfo Pérez Esquivel, que sobrevivió a su traslado porque el piloto recibió la orden de volver a tierra justo antes de que lo arrojaran al vacío. Pérez Esquivel recibiría en 1980 el premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, la inmensa mayoría de los cuerpos jamás serían recuperados. Sólo el dolor inmenso de las familias y de quienes lloraban, bajo el yugo de la barbarie militar y de quienes les apoyaban, recordarían a las víctimas desaparecidas y exigirían Justicia durante años.

Iris Etelvina Pereyra, la madre de Floreal Edgardo Avellaneda, alias Negrito, hizo uso de la palabra en el juicio contra Scilingo, como ya hiciera durante el juicio a las Juntas Militares. Con voz emocionada y trémula, pero con la firmeza que da el dolor por la pérdida de un hijo de quince años, detenido, recluido en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo, relató cómo lo habían torturado en una sala contigua a aquella donde ella misma estaba recluida y cómo murió empalado por el ano y fue más tarde lanzado al Río de la Plata. Su cuerpo, junto a otros siete cadáveres, apareció atado de pies y manos, lleno de fracturas, en la costa uruguaya. Por su asesinato serían condenados a cadena perpetua en 2009 los generales Santiago Omar Riveros y Fernando Verplaetsen, entre otros.

La coordinación represiva entre la armada, el ejército y la fuerza aérea se hacía extensiva a esta espantosa forma de exterminio. Como se detalla con toda precisión en la causa seguida en España, vehículos de la armada trasladaban a los prisioneros desde la ESMA hasta el aeroparque bajo el control de la fuerza aérea. Una vez allí, efectivos de la fuerza aérea ensombrecían una zona de las pistas. Así, ocultos a la

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